La medida desarrollada desde el ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz supone, por tanto, las empresas no podrán justificar despidos por causa del Covid-19, cuando se calcula que las suspensiones de empleo afectan ya a un millón de trabajadores.

El objetivo de esta medida es intentar que los ajustes de plantilla se canalicen a Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) en lugar de despidos. De esta forma, no se pierden estos puestos de trabajo, sino que se suspenden, o se reducen las jornadas temporalmente, hasta que las empresas vuelvan a operar con normalidad.

La Seguridad Social publicará la semana que viene los datos de bajas de cotizantes del mes de marzo, pero los sindicatos ya han alertado que se acercarán al millón de despidos. Es imprescindible cortar la sangría de despidos para que la salida de la crisis sanitaria no acarree una, por otro lado inevitable, crisis económica.

Esta medida es similar a la que adoptó Italia hace poco más de una semana. El Gobierno de Giuseppe Conte ha prohibido el despido por causas económicas durante 60 días.

Asimismo, la contratación pública para hacer frente al Covid-19 se hará por la vía de urgencia. Se establecen además medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis sanitaria, particularmente con el exterior.