El cierre definitivo del fallido almacén de gas Castor es inminente. El Ministerio para la Transición Ecológica ha redactado la propuesta de acuerdo en la que llevará al Consejo de Ministros el cierre, el desmantelamiento de las instalaciones y el sellado y abandono definitivo de los pozos.

Lo llamativo es que la propuesta al Consejo de Ministros reconoce también que Castor en realidad nunca fue necesario, millones de euros tirados a la basura. El texto que ha elaborado la Secretaría de Estado de Energía asegura que el escenario de demanda de gas natural “se desviaba notablemente de la situación real” y se calculó el doble de la demanda que finalmente se produjo. En la planificación se esperaba una demanda de gas natural en 2016 de unos 650 TWh (teravatios hora) “cuando en ese periodo la demanda real alcanzó únicamente 322 TWh”, destaca el informe.

Este almacenamiento subterráneo estaba recogido, con categoría A (urgente) en la planificación de la electricidad y el gas 2008-2016, que aprobó en 2008 el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Dado el “carácter innecesario” de la instalación para suministrar la demanda de gas, Castor “no proporcionaría beneficio alguno al sistema gasista”, según el informe al que ha tenido El País. Además “se continuaría incurriendo en los costes derivados” de los trabajos de mantenimiento.

El proceso de hibernación temporal de Castor empezó en 2014 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real-Decreto ley en el que encargaba el mantenimiento a Enagás y ordenaba el pago de los 1.350 millones de euros que había costado construirlo a su propietario, Escal UGS (controlada en un 66,7% por la ACS de Florentino Pérez). Un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica que aclaró en 2017 definitivamente que los centenares de terremotos que se produjeron en la zona de Vinaròs (Castellón) en el verano de 2013 tenían su origen en las operaciones de inyección de gas.

Entre 8 y 9 millones de mantenimiento

Actualmente, los costes de hibernación de estas instalaciones suponen entre ocho y nueve millones de euros al año, lo que le cuesta a Enagás la seguridad de la instalación: «Mantener la situación actual de hibernación de las instalaciones únicamente aplazaría la ejecución del abandono definitivo, lo que implicaría incurrir en costes adicionales durante un periodo indeterminado», añade el texto.

260 millones para desmantelarlo

Desmantelar Castor costaría 260 millones y llevaría cinco años, según un informe elaborado por Enagás para el Gobierno en febrero de 2018. Consistiría en desmantelar las plataformas marinas, sellar definitivamente de los pozos con cemento y limpiar y restaurar el fondo marino.

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