El pasado 17 de marzo la Dirección General de Derechos de los Animales publicó en su cuenta de Twitter que «ponía en marcha» ese mismo día el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal (SERPA), al mismo tiempo que se anunciaba la apertura del trámite de consulta pública previa sobre la regulación del mismo.

Desde PACMA nos preguntamos cómo podían «poner en marcha» un sistema inexistente y para el que, además, aún había una consulta pública abierta. Por si esto fuera poco, no entendemos cómo se va a poder desarrollar un sistema de registros sobre animales de compañía, cuando todavía no contamos con una ley de protección animal a nivel nacional, a pesar de que la Dirección General afirmó que la ley estaría lista para el pasado mes de febrero.

Ante este sinsentido, nos pusimos de inmediato a trabajar para presentar nuestras aportaciones al Real Decreto que regularía el SERPA, y hoy mismo se las hemos trasladado.

Un sistema que ampara a los criadores, ¿protección animal?

El SERPA comprendería a su vez varios registros, entre los que se encuentra un Registro Nacional de Criadores, con el objetivo de (y citamos textualmente) «amparar el ejercicio controlado de las actividades de cría».

Que exista un registro así no está orientado a proteger a los animales, sino a continuar amparando y apoyando su explotación. Lo que los animales necesitan no es que se controle la compra-venta; necesitan, urgentemente que se prohíba. Las madres explotadas, obligadas a parir una y otra vez, y los cachorros, que son tratados como meros objetos de los que lucrarse, lo necesitan.

La compra-venta de animales contribuye a las terribles cifras de abandono en nuestro país, y continuar permitiéndola es condenar a los miles de perros que esperan un hogar en perreras y protectoras a no encontrar nunca una familia.

No entendemos que una supuesta Dirección General de Derechos de los Animales continúe amparando la cría de animales para su venta en la regulación de un sistema que, en teoría, se crea para protegerlos. Como siempre, las protectoras y particulares seguirán asumiendo el rescate y cuidado de estos animales, sin que el Gobierno haga nada para paliar esta situación.

Además de esto, hemos solicitado al Gobierno, secundando a la mayoría de protectoras y a la ciudadanía, que no se imponga el DNI animal, ya que solo añadiría más trabas a los procesos de adopción.

Por otra parte, otro de los problemas que afirman pretender solucionar es “el maltrato animal, facilitando la ejecución de sentencias condenatorias por la comisión de delitos contra la fauna y los animales domésticos”. Nos resulta difícil considerar cierta semejante afirmación cuando el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado y presentado por este Gobierno, limita el ejercicio de la acusación popular a determinados delitos entre los que no se incluyen, precisamente, los delitos contra los animales.

Sin la tan anunciada ley de protección animal de ámbito nacional, los animales continúan desamparados

Desde PACMA llevamos años reclamando a los sucesivos Gobiernos la creación de un registro de animales considerados de compañía unificado, de ámbito nacional, pues actualmente cada comunidad autónoma tiene un registro propio y una ley de protección animal diferente.

Por ello, se hace imprescindible un registro de identificación de animales de ámbito nacional y la unificación del sistema de registro, así como el impulso de una estructura común en las bases de datos, estableciendo la definición de los datos mínimos que se deben completar para que el contenido sea homogéneo.

Esto debe estar regulado en una ley de protección animal de ámbito nacional, y es algo que desde PACMA ya propusimos en 2017 con nuestra Ley Cero, una verdadera Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, y que el Gobierno tiene sobre la mesa desde hace años, lista para su aprobación. Hemos vuelto a trasladar alguna de nuestras propuestas al Gobierno en este sentido.

El problema de este sistema estatal que quiere implantar el Gobierno es que aún, tras dos años de legislatura, la prometida ley de protección animal de ámbito estatal no ha visto la luz. Sin esta anunciada ley, ¿cómo se puede poner en marcha un registro de animales de compañía de ámbito nacional, cuando aún no está definido qué animales son considerados animales de compañía y, por tanto, cuáles se deben inscribir en estos registros?

Por tanto, una vez más, instamos al Gobierno a escuchar a las entidades de protección animal y a tener en cuenta nuestras propuestas, y les recordamos que tienen lista para su aprobación la Ley Cero, que sí protege verdaderamente a los animales, y no a quienes los explotan.

Pacma

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