El Gobierno de España preve que la reforma de la Ley de Memoria Histórica comience a tramitarse en el Congreso en el mes de marzo tras haberla fijado como una de sus prioridades en el arranque de la legislatura.

Tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Ejecutivo mantiene su lucha contra el poso que la dictadura genocida dejó en nuestro país. El departamento que dirige Carmen Calvo pretende lograr cuanto antes, entre otras medidas, poner en marcha las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil a través del Estado y también crear un banco de ADN.

Se trabaja en una proposición de ley que defenderá el actual Gobierno, el cual establece la derogación de todos los decretos que hasta ahora han establecido el estatus del mausoleo, entre ellos el de 1940 por el que se ordenó su construcción y el de 1957 que le daba a los benedictinos la custodia del lugar gracias a un real decreto ley de Franco.

El Gobierno de España no pretende desacralizar el lugar. La intención es designar, de acuerdo con el Arzobispado de Madrid, una orden religiosa que se encargue del culto de la basílica y de la abadía. La oposición frontal de los religiosos frente a la exhumación selló la voluntad del Gobierno de alejarlos de Cuelgamuros.

Este movimiento materializaría la salida del prior Santiago Cantera, que se posicionó en todo momento con la familia Franco durante el proceso de exhumación del dictador y dio la batalla contra la decisión del Gobierno aún al margen de la Conferencia Episcopal y del Vaticano. Una lucha personal en pos del franquismo.

Con la salida de los benedictinos se pondrá fin a un régimen de privilegios con el que han vivido durante décadas la veintena de monjes que allí habitan: 340.000 euros anuales por dar misa, hacer ejercicios espirituales o «seguir el pensamiento social».