La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha indicado hoy que no prevé “ninguna repercusión negativa” para las empresas españolas ante el brexit, sea con o sin acuerdo, y que tienen “buenas perspectivas” para el sector turístico y para empresas de grupos británicos, como Iberia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha dicho que el Gobierno está “trabajando tanto con las empresas como con la Unión Europea”, una labor “sin pausa pero sin prisa”, que confía en que dé buenos resultados.

“Tenemos certeza de que la cuestión está bien orientada”, ha subrayado la portavoz del Gobierno al ser preguntada por las repercusiones para Iberia y para el sector hotelero.

La Comisión Europea advirtió en diciembre de la posibilidad de que Iberia tenga que dejar de operar vuelos intraeuropeos o conexiones con escala en la UE si se considera que más de la mitad de su capital pertenece a un grupo foráneo, ya que su matriz británica, IAG, lo sería en el caso de un brexit sin acuerdo.

Fuentes del Ministerio de Fomento dijeron el jueves a Efe que Iberia es una compañía aérea española con “licencia de explotación emitida de acuerdo a la normativa europea”, y que esperan que IAG haga los “ajustes” necesarios ante el brexit.

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, aseguró en octubre que su compañía permanecerá en el bloque europeo, sin desvelar los planes para mantener la consolidación del grupo ante un brexit sin acuerdo.

El Consejo de Ministros ha estudiado este viernes un plan de contingencia con medidas para hacer frente a las consecuencias del brexit, con o sin acuerdo entre Bruselas y Londres.

Celaá ha explicado que ese plan de contingencia incluye acciones normativas, logísticas e informativas, que han sido diseñadas tras analizar las “áreas de mayor impacto”, con dos objetivos fundamentales: proteger los intereses de ciudadanos españoles y británicos y preservar los flujos comerciales.

El Ejecutivo español aprobará un decreto, previsiblemente en febrero, que abordará asuntos relacionados con los derechos de ciudadanía, la residencia de los británicos en España, la seguridad social, la asistencia sanitaria y el reconocimiento de títulos académicos y profesionales.

Además, habrá otras normas en el ámbito financiero y aduanero, y otras que está preparando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El Gobierno español tratará además de facilitar a los ciudadanos y empresas toda la información necesaria sobre las implicaciones del brexit, para lo que el próximo lunes abrirá una página web.

El próximo 15 de enero el Parlamento británico debe votar, en principio, el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para la salida del Reino Unido de la UE, aunque la primera ministra británica, Theresa May, no tiene garantizado el apoyo parlamentario, razón por la que ya retrasó la votación el pasado diciembre.

Si el acuerdo de salida de la UE es rechazado la próxima semana, May deberá proponer un plan alternativo en un plazo de tres días hábiles.

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