España tiene la obligación de cumplir los tratados internacionales que suscribe, máxime tras haber sido condenada por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) por incumplir la Carta Social Europea al excluir a los inmigrantes no regularizados del sistema de salud.

El nuevo Gobierno ha tomado la decisión de abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la Sociedad Civil para elaborar en el plazo de 6 semanas un RDL que garantice la universalidad de la sanidad en España para todas las personas que viven en nuestro país tengan derecho a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación administrativa.

Este anuncio recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja, a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

El compromiso ha sido expresado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la moción de censura en el Congreso sobre su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España que fueron excluidas de ella.

 

Cientos de miles de personas sin derechos sanitarios

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Desde la aprobación del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012, se ha expulsado a cientos de miles de personas del Servicio Nacional de Salud. Al restrictivo Real Decreto hay que sumarle llas últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que niegan la competencia de las comunidades autónomas para otorgar acceso a la sanidad pública a las personas excluidas por el RDL.

La importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han diezmado la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social; por lo que el Gobierno debe recapitalizar el Sistema Nacional de Salud garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público y su calidad.

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