El Govern ha apoyado este martes la violencia usada por los Mossos en los accesos del Aeropuerto de Barcelona que promovió este lunes el Tsunami Democràtic.

«Compartimos y comprendemos la rabia de la gente», ha afirmado en rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Meritxell Budó, la consellera de Presidència que ha deslindado la «movilización de la sociedad civil» en el Aeropuerto de los incidentes y las cargas policiales de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional que se vivieron este lunes, que terminaron con decenas de lesionados y en las que un hombre ha perdido un ojo.

Budó, irónicamente, ha defendido las cargas policiales porque en caso de que los manifestantes hubieran traspasado el cordón de antidisturbios se les podría acusar de un delito de sedición. «La actuación policial fue para velar por la seguridad de todos», ha zanjado la portavoz.

«Era necesario actuar –continuó justificando Budó– para preservar la integridad y la seguridad de las personas porque en caso de romperse el cordón se entraba en el terreno de la infraestructura del aeropuerto y tenemos antecedentes de que por ocupar las pistas te pueden acusar de sedición». El cordón policial, ha recalcado, «protegía los derechos de todos los manifestantes».

«Como Govern no hemos un hecho llamamiento a ocupar el aeropuerto, ha sido una acción que ha salido de la sociedad civil y lo que debemos garantizar es que la gente se pueda manifestar de manera espontánea», ha aseverado Budó, que ha recalcado que el Ejecutivo «no conocía las acciones que planeaba el Tsunami».

Budó, tras justificar la violencia policial, ha querido mostrar su apoyo a los manifestantes: «Compartimos la rabia de la gente y mostramos nuestra solidaridad y empatía con los ciudadanos que se manifestaron y con las acciones más contundentes como el colapso del aeropuerto». «Compartimos que la gente se rebele», ha apostillado.

Preguntada por los motivos por los motivos para apoyar este tipo de protestas, Budó ha señalado las «penas injustas» de los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

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