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El gran desvío II: lo que la ingeniería fiscal nos quita en sanidad, vivienda y pensiones

La ingeniería fiscal no sólo recorta cifras en una hoja de cálculo: recorta vidas y oportunidades. Entre 2016 y 2021, España dejó de ingresar alrededor de 31.000 millones de euros por traslado de beneficios y otras prácticas de elusión de multinacionales. Esa merma equivale a decisiones cotidianas: una ambulancia que no llega, una operación que se retrasa, un alquiler que sube y una pensión que no alcanza.

1) Sanidad: listas de espera que no bajan

Qué pasa

  • La sanidad es intensiva en personal y equipamiento. Cada euro que no entra limita plantillas, quirófanos y atención primaria.
  • La presión se concentra en tres cuellos de botella: urgencias, diagnóstico (pruebas) y quirófano.

Cómo se traduce en la vida real (escenario orientativo y prudente)

  • Destinar apenas un 25% de esos 31.000 M€ a sanidad (≈ 7.750 M€) permitiría, por ejemplo:
    • Refuerzo de Atención Primaria: contratos estables para miles de médicos/as y enfermeras/os, ampliación de horarios y reducción de demoras en cita médica.
    • Plan choque de quirófanos: más turnos de tarde y fin de semana para operar antes patologías con secuelas si se retrasan.
    • Salud mental: equipos específicos en primaria y en institutos, con psicología clínica pública suficiente para evitar cronificaciones.
    • Renovación tecnológica: reposición acelerada de TAC, resonancias y mamógrafos para diagnósticos más rápidos.

Por qué duele más a quien menos tiene

  • La espera se compra con dinero: quien puede, va al privado. Quien no, espera. La elusión fiscal segmenta la salud por renta.

2) Vivienda: precios desbocados y parque público raquítico

Qué pasa

  • España arrastra un déficit estructural de vivienda asequible y un parque público muy inferior al de los países europeos con alquiler moderado.
  • La falta de inversión sostenida en vivienda social y asequible presiona al alza los precios y expulsa a jóvenes y familias de barrios y ciudades.

Cómo se traduce en la vida real (escenario orientativo y prudente)

  • Asignando otro 25% de los 31.000 M€ (≈ 7.750 M€) a vivienda:
    • Construcción y adquisición de vivienda pública y asequible para alquiler estable a largo plazo, priorizando suelos bien conectados.
    • Rehabilitación energética de edificios vulnerables (aislamiento, climatización eficiente) para bajar facturas y emisiones.
    • Garantías de alquiler y movilización de vivienda vacía con incentivos/penalizaciones inteligentes.

Efecto social

  • Al aumentar la oferta asequible y estabilizar precios, mejora la salud, sube la natalidad deseada y disminuye la pobreza energética. La vivienda no es un gasto: es infraestructura social.

3) Pensiones y trabajo: salarios, cotizaciones y dignidad

Qué pasa

  • Menos recaudación general = menos margen para complementos de pensión mínima, para políticas de empleo de calidad y para reducir la temporalidad.
  • La elusión fiscal también distorsiona la competencia: quien tributa menos puede competir con precios más bajos, lo que presiona salarios y debilita la negociación colectiva.

Cómo se traduce en la vida real (escenario orientativo y prudente)

  • Con otro 25% (≈ 7.750 M€):
    • Complementos a pensiones bajas y refuerzo de rentas mínimas condicionadas al retorno al empleo.
    • Planes de empleo joven y sénior con formación dual y recualificación digital/verde.
    • Inspección de Trabajo: más medios para combatir falsos autónomos y temporalidad abusiva.

Efecto social

  • Más ingresos estables en la base del sistema y menos rotación precaria. La seguridad económica reduce estrés, mejora salud y sostiene el consumo local.

4) ¿Dónde se pierde el dinero? El mecanismo de la “gran fuga”

  • Traslado de beneficios: se registran ganancias en jurisdicciones de baja tributación, aunque ventas, empleo y activos estén aquí.
  • Intangibles aparcados: marcas, patentes y software en territorios con incentivos; aquí se pagan royalties que reducen la base imponible.
  • Deuda intragrupo: intereses deducibles en España, ingresos financieros en lugares con tipos mínimos.
  • Opacidad contable: sin datos país por país públicos, la sociedad y los propios inversores no pueden escrutar ni comparar.

5) La factura oculta en la vida cotidiana

  • Tiempo: más espera sanitaria, más trayectos por falta de transporte público reforzado, más horas buscando piso.
  • Estrés: alquiler inasumible, incertidumbre laboral, apoyos sociales que llegan tarde.
  • Desigualdad: quien tiene recursos compra alternativas; quien no, paga la cola.

6) Qué haría la diferencia (medidas concretas y medibles)

  1. Transparencia total (CbCR público)
    Publicar, por grupo y por país: plantilla, ventas, activos, beneficios e impuestos pagados. Sin luz, no hay control social ni disciplinamiento del abuso.
  2. Nexo real para intangibles
    Beneficios donde exista I+D, personal cualificado y activos. Royalties deducibles solo si hay sustancia demostrable.
  3. Límites claros a intereses y precios de transferencia
    Reglas simples, antiabuso, fáciles de ejecutar. Menos casuística, más principio de sustancia sobre forma.
  4. Inspección con datos
    Equipos especializados y analítica avanzada para detectar patrones de riesgo (márgenes anómalos, royalties desproporcionados, cadenas intragrupo circulares).
  5. Evaluación anual de incentivos
    Todo beneficio fiscal corporativo debe justificarse por empleo e inversión adicionales verificables o caducar.
  6. Coordinación internacional y coherencia interna
    Alineación real con el mínimo efectivo y blindaje contra “puertos francos” normativos dentro y fuera de la UE.

7) ¿Y si lo hiciéramos? Un reparto ilustrativo

  • Sanidad (25%): refuerzo de primaria, plan quirófanos, salud mental y renovación tecnológica.
  • Vivienda (25%): parque público/asequible y rehabilitación energética.
  • Pensiones y empleo (25%): complementos a mínimas, recualificación y lucha contra precariedad.
  • Resto (25%): transporte público metropolitano, transición energética local y digitalización de servicios públicos.

No son “gastos”, son inversiones de retorno social: reducen costes futuros, aumentan productividad y cohesión, y mejoran la vida cotidiana.


La factura invisible de la elusión fiscal la pagamos en tiempo (esperas), en ansiedad (vivienda y precariedad) y en oportunidades perdidas (salud, educación, empleo digno). Recuperar lo que se desvía no es un capricho recaudatorio: es política social en estado puro.
Si la riqueza se genera aquí, debe contribuir aquí. Solo así habrá camas, llaves y pensiones a la altura de la gente.

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