El Gobierno está probando sistemas de vigilancia orwellianos y nos va a vigilar «con fines estadísticos» durante un total de siete días. Serán tres días laborables de noviembre, un domingo y tres días en periodo vacacional, en los que se seguirán los movimientos de nuestros móviles gracias a un acuerdo entre los operadores de telefonía.

Será entre los días 18 a 21 de noviembre. Más tarde se analizarán los movimientos durante los días 20 de julio y 15 de agosto, el 25 de diciembre y un domingo de noviembre, el 24. El instituto Nacional de Estadística insiste en que serán datos anónimos, dado que se recibirán las posiciones geográficas de los números pero no la identificación de sus titulares.

Para elaborar esta estadística el INE dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas con un mínimo de 5.000 personas en cada una de ellas. De esta forma, los tamaños de los recuadros varían: las celdas se vuelven muy grandes en áreas con poca población y se van haciendo mucho más pequeñas en lugares con alta densidad de habitantes. Así, la ciudad de Madrid quedará parcelada en unas 128 cuadrículas, prácticamente hasta una escala por barrios.

Los tres principales operadores móviles de España —Movistar, Vodafone y Orange— colaborarán procesando y entregando los datos de forma anónima. La iniciativa representa un estudio experimental pionero en Europa. Solo Holanda ha hecho algo parecido, pero con un solo operador, bastante menos población y una menor profusión de datos. El contrato entre el organismo público y los tres operadores, aún en fase de licitación, asciende a 500.000 euros, según El Confidencial.

Parece no importar, pero según la normativa vigente, esto podría ser ilegal. El INE apela al artículo 89 del RGPD, sobre el «tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos».

«Es un uso ilegal»

Según el abogado especializado en derecho y tecnología David Maeztu, el problema, sin embargo, no está en los datos anónimos y la LOPD a la que hacen referencia al hablar de este frente, sino en una ley que está un paso antes, la ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas. «La ley pone una serie de supuestos en los que las operadoras pueden conservar distintos datos como el tráfico o la localización del usuario, y entre esos supuestos no está el uso estadístico de los mismos. Es un uso ilegal», apunta este letrado en conversación con Teknautas.

Para Maeztu, la decisión del INE va contra esta ley y por tanto lo de cumplir con la LOPD no sirve de nada si no se cumple con este primer requisito. «Las operadoras no les pueden ceder estos datos con el objetivo que buscan, por tanto lo de que sean anónimos o no, no importa», apunta el abogado. Y el asunto no solo se queda en algo nacional, sino que esta operación puede saltar a la justicia europea. «El TJUE ya anuló hace años una directiva de conservación de datos, que es a la que hace referencia nuestra ley, por los problemas con la recopilación de este tipo de datos para usos estadísticos. En Europa se toman muy en serio este tema».