En 2021 varias entidades de la Comarca de Bergantiños pidieron a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación para dirimir sobre la existencia de un presunto caso de corrupción o tráfico de influencias en el caso de las becas escolares con las que la multinacional portuguesa estaría incentivando al Ayuntamiento.
Las asociaciones ambientales Petón do Lobo, Cova Crea y Ouriol do Anllóns recordaron entonces que el programa “Green Education” fomentado por la energética no es más que un nuevo caso de “greenwashing” -lavado de imagen “verde” pues las actuaciones de la compañía son a menudo polémicas en lo que a la protección del medio ambiente se refiere. Es por eso que “una iniciativa que sería muy loable en condiciones normales” provoca sin embargo “dudas razonables” ante el hecho de que el Ayuntamiento de Laxe ha tenido que informar en diversos trámites administrativos que la empresa tramita en la Xunta para los parques eólicos Soesto, Monte Chan y Pena dos Mouros, que conllevan un severo impacto sobre el entorno de la Red Natura 2000 y el paisaje protegido de los Penedos de Pasarela y Traba y, por ende, sobre la actividad turística que es uno de los pilares económicos del municipio.
Para los colectivos nadie, ni EDP Renovables como empresa, ni José Luis Pérez Añón como alcalde de Laxe ni la propia Xunta de Galicia “tienen derecho a emborronar la dimensión paisajística de un territorio sin tener primero en cuenta el interés conjunto de la población local afectada” porque “el derecho al paisaje no puede ser determinado por un desarrollo económico que no tiene encuentra la apariencia de los territorios a los que afecta”, sino que debe reflejar las verdaderas aspiraciones de la población. Y a su juicio, en el caso de estos tres parques eólicos “el rechazo y la falta de licencia social están sobradamente acreditadas”.
Los grupos recuerdan que de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por el Estado Español “el papel del Derecho no es reconocer y proteger un valor o una bellaza paisajística particulares, sino que el Derecho debe reconocer en primer lugar -y de manera consiguiente proteger-, que se trata de un valor complejo: la necesidad de toda la ciudadanía de establecer una relación sensible con el territorio, de beneficiarse de esta relación y de participar en la determinación de las características formales que habitan o frecuentan“.
Entidades como la Rede Galega por un Rural Vivo, que está integrada por un amplio conjunto de asociaciones y plataformas de 16 ayuntamientos gallegos, han criticado, por otra parte, que el alcalde de Laxe, también presidente del Parque do Megalitismo da Costa da Morte, se haya negado desde su grupo municipal a rechazar “el desastre ambiental y patrimonial” provocado por los tres proyectos de EDP Renovables que amenazan la zona.
Para la Rede, además, tendría que ser el propio Parque do Megalitismo da Costa da Morte como entidad supramunicipal el que debería solicitar la paralización de estos y otros proyectos de la transnacional dado que como representantes públicos que son de distintos ayuntamientos “deberían de salir en defensa de la gente y no de la protección del oligopolio eléctrico“.
También en 2021, el PP de Laxe rechazaba como grupo de Gobierno una moción conjunta presentada por PSdeG y BNG en la que se solicitaba a la corporación una negativa clara a la instalación de parques eólicos en el entorno del Paisaje Protegido de los Penedos de Pasarela y Traba, reclamando a los técnicos la defensa de la integridad paisajística de la que está considerada como una de las áreas costeras más privilegiadas de Galicia con la elaboración de informes técnicos negativos a los proyectos de EDP.
En términos semejantes valora el caso la Asociación en Defensa da Costa da Morte (ADECOM) criticando que Pérez Añón, como integrante del proyecto del Parque do Megalitismo “mire hacia otro lado” ante la “invasión eólica” que amenaza el patrimonio natural y cultural de la zona.