El Partido Comunista de España (PCE) ha señalado en un comunicado que el informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela carece de «una absoluta falta de objetividad» y de «rigor», lo que además es utilizado por países y sectores alineados con la «criminal política exterior de Estados Unidos (EE.UU)» para restar legitimidad a las próximas elecciones legislativas en el país.

El PCE ha cargado contra este informe que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a mandos militares del país, «de graves violaciones de los derechos humanos» desde el año 2014. «El documento se ha elaborado por parte de un grupo de expertos privados contratados por el Consejo de dudosa fiabilidad», señalan.

La denominada Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU nace al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA), del autodenominado Grupo de Lima y de países «alineados con la política exterior de Washington». Dicha misión no está reconocida por la cancillería venezolana, que sí ha renovado su colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en septiembre de 2019.

«El informe, que denota una absoluta falta de objetividad, ha sido elaborado sin que sus autores hayan visitado Venezuela, y se basa en publicaciones aparecidas en redes sociales y en entrevistas realizadas a personas no identificadas, así como a miembros de la extrema derecha venezolana», ha señalado la formación comunista.

Asimismo, ha ahondado en que la publicación incurre «en numerosas falacias y sus recursos para denunciar las supuestas vulneraciones de derechos humanos denotan una absoluta falta de rigor», algo que es utilizado por los sectores y países «alineados con la criminal política exterior de Estados Unidos para restar legitimidad a las elecciones legislativas venezolanas que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre.

También ha denunciado que el informe «omite de forma deliberada» la investigación que lleva a cabo el gobierno venezolano en materia de derechos humanos y que ha comunicado a las Naciones Unidas, «certificando» que bajo las gestiones de las autoridades judiciales de Venezuela actualmente hay 517 funcionarios acusados por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridos entre 2017 y marzo de 2020, de los cuales 167 se encuentran privados de libertad.

Al mismo tiempo, los datos del Gobierno venezolano apuntan también a 731 funcionarios que han sido acusados por delitos de homicidio o violación del derecho a la vida, de los cuales 436 se encuentran en prisión.

«El Partido Comunista de España denuncia la parcialidad e intencionalidad de ese informe carente de datos fidedignos, así como el acoso a Venezuela y su gobierno que impulsan Estados Unidos, la OEA y el autodenominado Grupo de Lima, mientras callan ante las graves vulneraciones de derechos humanos que ocurren a diario en Colombia o Chile».