El inspector principal del caso ‘Gürtel’, Manuel Morocho, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ que recibió indicaciones de sus superiores de que el ministro de Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, pedía acabar ya el informe destinado a analizar si había relación entre las empresas constructoras que aparecían en la presunta ‘caja b’ del PP y adjudicaciones públicas.

Morocho, que ha completado este viernes la declaración como testigo que empezó el martes, ha vuelto a denunciar presiones por parte de los mandos policiales del momento para intentar controlar la investigación sobre la trama de corrupción ‘Gürtel’, según fuentes presentes en la comparecencia judicial consultadas por Europa Press.

Como parte de esas tensiones, ha relatado que sus jefes le trasladaron que Fernández Díaz tenía prisa por que se terminara de elaborar el informe dedicado a estudiar si había alguna conexión entre las empresas constructoras que figuraban en los ‘papeles’ del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y los contratos públicos concedidos.

Ese informe no llegó a establecer tales lazos, lo que propició que el instructor de la ‘Gürtel’, Pablo Ruz, archivara la línea de investigación encaminada precisamente a determinar si los pagos estaban vinculados a negocios concretos, asunto reactivado años después por el magistrado Santiago Pedraz, que ahonda ahora en la parte de las llamadas comisiones finalistas.

Morocho ha explicado al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que su impresión fue que el objetivo de esas prisas era cerrar el informe en falso, dado que en ese punto de la investigación su unidad policial aún no tenía toda la documentación que habían solicitado para confeccionarlo.

De esta forma, ha vuelto a apuntar a Fernández-Díaz. El martes, declaró que su entonces jefe en la UDEF, José Luis Olivera, durante una reunión que mantuvieron en 2013 en una cafetería, recibió una llamada telefónica de una persona que identificó como el ministro de Interior –aunque Morocho no llegó a escuchar su voz ni a ver su número de teléfono– para preguntar si había aceptado alguno de los destinos que le ofrecían.

Según expuso ese día a García-Castellón, Olivera le ofreció puestos de trabajo sumamente atractivos, como oficial de enlace en Lisboa para un organismo dependiente de la UE, en la embajada que él quisiera y hasta en Naciones Unidas, con la intención de apartarlo de las pesquisas sobre ‘Gürtel’. Él, aseguró, los rechazó todos por «honestidad».

MIEDO A ESCUCHAS

Esa «honestidad» es la que, de acuerdo con el testimonio de Morocho, le habría servido para que el juez Ruz confiara plenamente en él y en los policías a su cargo para desentrañar la madeja de ‘Gürtel’ sin sucumbir a estas supuestas presiones de la cúpula.

Morocho ha señalado que las suspicacias de él y de Ruz alcanzaron tal nivel que el juez incluso llegó a sospechar que podían haber instalado aparatos de escucha en su propio despacho, ante lo cual planteó al inspector la posibilidad de realizar un barrido para detectar micrófonos, si bien el agente se lo desaconsejó esgrimiendo que esa operativa recaería sobre las mismas personas que podrían haberlos colocado.

Así las cosas, ha destacado que en alguna ocasión optaron por hablar fuera del despacho de Ruz, llevando a cabo sus reportes verbales en el contexto general de la oficina judicial, donde se sentían más seguros.

FALSA ALARMA SOBRE BÁRCENAS

En el marco del supuesto boicot a la investigación de ‘Gürtel’, Morocho ha manifestado que estos mandos policiales intentaron tenderle trampas para propiciar la nulidad de toda la instrucción y hacer naufragar la causa.

En este sentido, ha dicho que un compañero le llamó un domingo para advertirle de que Bárcenas iba a coger un avión y sugerirle que se procediera a la detención del ex tesorero para impedir que saliera del país. Morocho se lo trasladó al juez pero avisando al mismo tiempo de que creía que era una maniobra sin fundamento. Poco después, ha continuado, ese mismo compañero le llamó para comunicarle que había sido un error, lo cual confirmó las sospechas del inspector.

Más adelante, nada más entrar Bárcenas en la prisión de Soto del Real, en junio de 2013, vivió una situación similar. En este caso fue Olivera quien le sugirió que efectuara una entrada y registro en el domicilio del antiguo responsable de las finanzas del PP para localizar material. Aquí volvieron las dudas de Morocho, porque en ese momento ya había pocas probabilidades de encontrar algo en la casa. Cree que fue otro movimiento para neutralizar las pesquisas.

REVISADOS CON LUPA

En cualquier caso, Morocho ha dejado claro que una de las principales obsesiones de sus mandos eran los informes emanados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El inspector ha descrito cómo le obligaban a enmendarlos una y otra vez, pese a lo cual no quedaban al gusto de sus jefes. Le echaban en cara que era demasiado duro en su redacción, que buscaba titulares periodísticos.

En concreto, ha detallado que en uno de estos documentos el jefe de brigada José Luis Fernández Gudiña le instó a eliminar una frase que expresaba que el flujo de dinero generaba una propensión de favores.

El referido a UNIFICA, el estudio de arquitectura que se ocupó de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, estuvo un mes de idas y venidas hasta que tomó forma y, aún así, le recriminaron el resultado. «Lo has dejado peor», le espetaron, según ha narrado.

En otra ocasión Manuel Vázquez, otro mando de la UDEF en esa época, le indicó que, por orden del entonces responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino, debía eliminar del encabezado del informe la referencia a la UDEF.

REACCIÓN DE LAS DEFENSAS

Las defensas, por su parte, han interrogado a Morocho sobre la contradicción que, a su juicio, supone el hecho de que en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados contestara que era normal que el contenido de los informes se revisara antes de salir de la UDEF hacia el juzgado y que ahora lo vista de presiones. El inspector ha replicado que es en sede judicial donde corresponde denunciar lo ocurrido.

Asimismo, los abogados de algunos imputados han puesto el foco sobre las condecoraciones que Morocho y su grupo recibieron ‘a posteriori’ por su trabajo en ‘Gürtel’. Han llamado la atención específicamente sobre una medalla que se le otorgó a propuesta del comisario general de Policía Judicial José García Losada, una de las personas a las que ha aludido como autor de las supuestas presiones. Él ha reconocido que la iniciativa partió de Losada.

No es la primera vez que Morocho testifica ante García-Castellón. Ya lo hizo en febrero de 2019, pero con esta nueva ronda el juez buscaba corroborar las menciones al inspector que aparecen en los apuntes manuscritos de las agendas personales del ex comisario José Manuel Villarejo que fueron incautadas el pasado mes de octubre en el marco de esta pieza separada sobre la ‘Operación Kitchen’.

Las palabras de Morocho del martes propiciaron dos días después la imputación de Olivera, al que el juez interrogará el próximo 28 de junio, para seguir avanzando en la investigación sobre el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior con fondos reservados contra Bárcenas y su familia para que la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes no acabara en manos de la Justicia.

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