José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha propuesto enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar «una organización criminal» para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Y no solo a la familia Pujol Ferrusola: el magistrado pretende juzgar a otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

De la Mata considera que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas «actividades corruptas» que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

Sobre la procedencia del gran patrimonio de los Puyol, según el juez, existen «indicios sólidos» que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol. «A lo largo de la investigación, no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguna de las personas investigadas de esta familia sobre este particular», explica.

El juez considera «paradójico» que los investigados nieguen tener «conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)».

El origen de los fondos está, siempre según el juez, en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, quienes hacían pagos disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos encontraban su «contraprestación» en el ejercicio de «concretas influencias» por parte de la familia Pujol Ferrusola como adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o concesiones «a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán».

A veces, estos pagos simplemente se hacían para «congraciarse» con la familia o para «mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales».

Según el magistrado, Pujol Ferrusola «ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los negocios en que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia».

El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, «seguían las instrucciones» del mayor, «abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos» por el primogénito y «tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito».

Concluye el juez que esta organización tenía finalidad «claramente ilícita» que consistía en «obtener multimillonarias beneficios mediante actividades falsarias y corruptas». A lo largo de su escrito, detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportaron «cantidades multimillonarias sin razón alguna».

En relación con el delito de blanqueo de capitales, sostiene que «todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían con el sistema que crearon, pues con anterioridad el dinero se hacía llegar a la familia directamente en ‘negro’, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos».

En su resolución, el juez avisa de las «pautas comunes de actuación» en la estrategia defensiva de los investigados, ya que todos ellos han negado «conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron», de modo que considera que «la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy».