Ya son cuatro las citas electorales que la sentencia de los ERE ha visto cómo se sucedían sin que los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla hayan dictado la correspondiente sentencia: las elecciones andaluzas de 2 de diciembre de 2018; generales de 28 de abril; comicios municipales, autonómicos y europeos de mayo de 2019 y ahora está la cita con las urnas para el próximo 10 de noviembre.

Las previsiones han vuelto a fallar una vez más y la decisión respecto al juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Desde que el 17 de diciembre del pasado año el presidente del Tribunal, Juan Antonio Calle, pronunciaba la frase de «visto para sentencia», han transcurrido más de diez meses y existen no pocas posibilidades de que se acerque a los once.

La resolución se esperaba antes del pasado sábado, día 26, o al menos, la previsión que manejaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando el 11 de septiembre anunciaba que la sentencia se encontraba ya en su «recta final». Sien embargo, estas consideraciones las realizó el presidente del TSJ andaluz antes de que se conociese que habría una nueva convocatoria electoral.

La causa de los ERE está considerada la mayor de corrupción política y donde, presuntamente, se desviaron 714 millones de euros que estaban destinados a ayudas sociolaborales para mantener una «red clientelar» que, en última instancia beneficaba al Partido Socialista.

Todo hace indicar, por tanto, que habrá que esperar hasta después del 10-N para que se conozca el fallo de los magistrados Juan Antonio Calle, presidente, Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

Prevaricación y malversación: hasta 8 años de cárcel

En este procedimiento se imputaba un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación; si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por el primero de ellos, como Manuel Chaves, quien se enfrenta a diez años de inhabilitación. Las solicitudes de pena de cárcel fueron desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación.

La Fiscalía solicitó seis años de prisión para, entre otros, el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, mientras que elevaba a ocho años de cárcel para los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández, así para como los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. En total, se celebraron 127 sesiones de juicio y declararon 120 testigos y nueve peritos.