El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado en calidad de imputado a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las campañas de Podemos , así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente de la formación tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal.

El pasado 29 de julio, el juez citó a declarar a Calvente para que se ratificara en el contenido de su denuncia, y apenas 24 horas más tarde decidió llamar a declarar a varios miembros de la formación. Sin embargo, este caso aparece tocado por la polémica al desaparecer la práctica totalidad de la declaración del citado Calvente. Por lo que la única prueba que el juez tenía contra el partido se ha esfumado en extrañas circunstancias.

Los abogados de la formación morada señalan que en el juzgado, cuando requirieron el resto de la grabación, la sala respondió que “es lo único que hay en el procedimiento, junto con la documentación que esta parte aportó en dicha comparecencia”, y que “tampoco consta que se hiciera transcripción alguna de la declaración prestada”.

Podemos tendrá ahora que presentar ante el juez desde reglamentos internos a facturas, pasando incluso por tickets de gastos del personal del partido; y la citación a empresas que trabajaron para la formación, entre otras muchas.

La formación morada ha presentado un recurso de nulidad en el que denuncia que el juzgado ha sido incapaz de facilitarle la declaración de Calvente, única prueba para investigar a varios cargos del partido. En concreto, el juzgado sólo ha sido capaz de localizar 41 minutos de las 3 horas y media de declaración, y tampoco cuenta con una transcripción de las palabras del denunciante.

Asimismo, desde el partido señalan al medio digital La Última Hora que el juez está incurriendo en una “investigación prospectiva”, algo prohibido y consistente en dar “por supuesta la culpabilidad de los investigados”. En otras palabras, la ausencia de indicios de criminalidad contrasta con las diligencias ordenadas por el juez, con lo que el proceso se perfila como una causa general contra el partido morado en busca de cualquier indicio de irregularidad.

Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, tildó esta investigación de “lawfare”. Este martes aseguraba que “con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación…” Juan Carlos Monedero también insistió la semana pasada en que el denunciante no ha aportado más pruebas que sus sospechas expresadas ante el togado, y habla de una persecución política.