Aitzol Gogorza, que cumple las tres cuartas partes de condena en 2026 y está clasificado en segundo grado, se ha beneficiado del artículo 100.2 sujeto al tratamiento del Hospital Universitario Donostia, según las citadas fuentes.

Tanto la Red Ciudadana Sare como el colectivo de presos Etxerat han valorado de manera positiva la decisión, que han adelantado en redes sociales. También han recordado que quedan 20 presos condenados por terrorismo de ETA gravemente enfermos para los que piden igualmente que sean tratados en casa.

El régimen flexible del artículo 100.2 para los condenados en segundo grado se concede a uno de los presos de ETA sobre los que más veces ha pedido su excarcelación por motivos de salud tanto plataformas como Sare o Etxerat como partidos de la izquierda abertzale.

Gogorza fue condenado en 2006 a 20 años de prisión por el intento de asesinato en 1997 del funcionario de prisiones Juan José Baeza, que recibió un tiro en el cuello, y por tenencia de armas.

En julio de 2015, la Audiencia Nacional ya trasladó a Gogorza desde la cárcel de Basauri (Bilbao) –donde seguía cumpliendo condena– hasta un centro psiquiátrico penitenciario. Los jueces se oponían entonces a concederle la libertad al considerarlo «una persona muy peligrosa que en libertad representaría un peligro muy evidente para personas y bienes».

MARLASKA RECHAZÓ EN 2015 SU PUESTA EN LIBERTAD

Gogorza había solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la suspensión de su condena debido a su estado mental. El preso alegaba desde hacía años que sufría un trastorno obsesivo compulsivo, acompañado de síntomas psicóticos, y un trastorno depresivo que le había llevado en varias ocasiones a intentar suicidarse.

Según un informe de 2015 de la cárcel remitido a la Audiencia Nacional, Gogorza mostraba «una adhesión plena a los postulados de ETA y de apoyo a la actividad de la banda, posicionamiento que transmite de manera continuada».

Además sigue «validando el uso de la violencia para la obtención de fines políticos», muestra «orgullo por su militancia en ETA», un «discurso rígido y cerrado» con «nula autocrítica». Tenía pendiente de pagar una indemnización de 180.000 euros, según un auto fechado el 22 de julio de 2015 de la Sala de lo Penal, tribunal por entonces, entre otros, por Fernando Grande-Marlaska, en la actualidad ministro del Interior.

En aquella ocasión, la Audiencia Nacional impuso su ingreso en un psiquiátrico penitenciario, con vistas a que recibiera «el mejor tratamiento posible para el cuidado de su salud y persona». La Fiscalía también se oponía en 2015 a la suspensión de su condena.