Las asociaciones piden recuperar competencias para proteger a los más vulnerables

Por primera vez en democracia el Gobierno contará con un Ministerio de Consumo, quien podrá multar a empresas que realizan fraudes masivos en toda España -antes estaba en poder de las Comunidades-, clarificar cuáles son los consumidores vulnerables que necesitan una especial protección, poner en marcha una ley de transparencia en los contratos e impulsar el consumo responsable.

Para poder asumir estas competencias, es necesaria una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 2007. Al hacerlo, el ministerio podría eliminar los obstáculos con los que se encuentran las acciones colectivas para llevar a los tribunales este tipo de abusos.

El Ministerio de Consumo incorporará competencias para regular el juego y las casas de apuestas, que en la actualidad dependen de Hacienda. Las asociaciones de consumidores se muestran favorables a una mayor regulación. “Hay que acabar cuanto antes con los anuncios de juego en horario infantil, que en la actualidad se permiten por falta de normativa”, dice García, de la OCU a El País.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, valora en el mismo medio el nuevo ministerio como algo muy positivo y pide aprovechar la oportunidad para avanzar en la defensa de los consumidores: “No tendría lógica tener un ministerio con competencia exclusiva en consumo que no desarrollará políticas efectivas”, señala. “La competencia sancionadora en materia de consumo la tienen las comunidades autónomas y nosotros pedimos que las competencias sean compartidas, es decir, que el Ministerio de Consumo también pueda sancionar a compañías que cometen fraudes en varias comunidades autónomas, como las grandes empresas de telefonía, de gas, de electricidad, los bancos…”, explica Sánchez.

“Tal y como está la legislación hoy, si los consumidores sufren un fraude, habría que abrir un expediente en cada comunidad, es decir, 17 expedientes. Eso es poco operativo y absurdo. Sería más eficaz que el Ministerio de Consumo tuviera esa capacidad sancionadora a nivel nacional, sin quitarle la capacidad sancionadora a las comunidades”, añade Sánchez.

La OCU pide sancionar la obsolescencia programada o sobrevenida. “Se debe obligar a los fabricantes a que informen sobre la vida útil del producto y favorecer las alternativas más eficientes para usar mejor los recursos”, dice García. La OCU pone el foco también en que es necesario definir qué es un consumidor vulnerable: “Eso permitiría establecer niveles superiores de amparo y exigir requisitos específicos para los contratos destinados a estas personas”.

Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), pide “en primer lugar poner en marcha la Agencia de Protección de los Consumidores Bancarios y Financieros, que se debería haber creado en 2017 a instancias de la Unión Europea y seguimos esperando”, dice Pardos. Con este organismo, “será más fácil luchar contra problemas como los de las cláusulas suelo o las preferentes, que han afectado a cientos de miles de españoles”. Además, el presidente de Adicae pide aprobar una ley de transparencia en los contratos para clarificar este tipo de documentos e impedir las cláusulas abusivas.

La presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Itziar Marín, pide por su parte cambiar la normativa para que las resoluciones de los distintos organismos de consumo -estatales, autonómicos y municipales- sean vinculantes. “Si me cancelan un vuelo por ‘overbooking’ y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea me da la razón, puede decir que la compañía me devuelva el dinero. Pero si la empresa se niega, tengo que ir a juicio para hacer valer mis derechos. Para evitarlo y facilitar las cosas, las resoluciones de este tipo de organismos tienen que ser vinculantes”, dice Marín.

Además, Marín considera que se puede avanzar en la regulación de las actividades de consumo en internet: “La tecnología va más rápido que la regulación, así que hay que actualizarse continuamente”. En su opinión, el futuro ministro tiene competencias “de sobra”: “etiquetados de alimentos, páginas web, seguridad de los productos, fomentar la protección del consumidor, impulsar el arbitraje…”. Además, hace falta “mayor coordinación con las comunidades autónomas”.

Otro de los temas que adquirirá mayor relevancia será el consumo responsable. “El consumo ecológico se ha convertido ya en una cuestión vital para toda la sociedad y se puede impulsar desde el nuevo departamento”, explica Pardos. “Se debería fomentar un tipo de consumo más racional, pero sobre todo que los consumidores se organicen”, señala Sánchez. En este sentido Concepción Fabeiro, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), opina que entre las competencias del ministerio se debería incluir «promocionar y dar mucha información a la ciudadanía sobre consumo responsable, ecológico, de temporada y local», para lo cual debería contar con las entidades del sector.