El Ministerio de Justicia pagó abogados de oficio a algunos acusados de la Gürtel a pesar de que estos no tenían reconocida asistencia jurídica gratuita. Hasta 800.000 euros fueron destinados por el ministerio de Rafael Catalá a la defensa de estos acusados según apunta El País. Al líder de la trama, Francisco Correa, se le costearon hasta tres letrados por más de 67.000.

No solo a él. Según la relación de gastos, la defensa de Guillermo Ortega, condenado a 38 años de prisión —la mayor pena del juicio central de Gürtel—, también fue pagada por el departamento que dirigía Catalá, con 38.348 euros; y la de su esposa, Gema Matamoros, condenada como partícipe a título lucrativo, para la que se giraron minutas por un total de 56.987 euros. En el caso de este matrimonio, la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita había acordado en mayo de 2015 denegarles la prestación, que sin embargo acabó siendo abonada.

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Entre otras partidas, se encuentran 56.987 euros destinados a la defensa de Inmaculada Mostaza, empleada de la trama finalmente absuelta. Además, se sufragó la defensa de hasta 11 sociedades ilimitadas vinculadas a la Gürtel, entre ellas algunas de las principales de la trama, como las de Correa: Pasadena Viajes (56.987 euros), Good and Better (76.311 euros) o Special Events (56.987 euros), todas ellas bajo administración judicial.

También figura la sociedad limitada Cresva, del número dos de Gürtel y exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, también condenado. Y la sociedad pantalla Alcancía Corporate 02, que según datos del registro sigue perteneciendo a Ortega.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya se ha pronunciado: «¿Dónde se ha visto que un Gobierno tenga que pagar la defensa de unos corruptos?, ¿estos creen que pueden gobernar otra vez?». El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación acerca de estas pesquisas.