El día 15 de noviembre, el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una gran revisión simultánea y coordinada para detectar violaciones en cuanto a jornadas laborales y horas extras no autorizadas en las conocidas «Big Four» de la consultoría: Deloitte, PwC, EY y KPMG. Es un hecho conocido desde hace años que varias empresas de consultoría e auditoría imponen a sus empleados jornadas laborales excesivas (que pueden superar las 12 horas) de forma ilegal y sin remuneración.
En realidad, estas compañías son conocidas en el sector por tratar a sus trabajadores de base (generalmente jóvenes que están comenzando en el mundo laboral) como un producto. La rotación de empleados en estas empresas es constante debido a las malas condiciones laborales.
Variados economistas neoliberales como Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle han expresado su defensa al modelo adoptado por las denominadas «Big Four» en los medios de comunicación. El Sr. Lacalle afirmó recientemente que «el Ministerio del Trabajo debería tomar nota de las estrategias implementadas por las Big Four, en lugar de llevar a cabo inspecciones innecesarias» y por su parte, el Sr. Rallo apoya la idea de que los trabajadores puedan laborar durante jornadas extensas con la finalidad de obtener mayores ingresos a largo plazo.
En los últimos años y bajo los designios de Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo se han tomado medidas respectivas al control de las horas extras no remuneradas en las empresas, incluyendo la realización de 32.644 inspecciones y la detección de 11.070 infracciones.
Los resultados reflejan un aumento considerable, respecto al 2019 cuando se aplicó la norma para fichar y así tratar de evitar estas praxis. Como resultado, se han impuesto sanciones por valor de 13,7 millones de euros.
Una de las medidas más significativas medidas en este sentido ha sido la macroredada llevada a cabo por la Inspección de Trabajo en las oficinas de las Big Four para registrar mails y equipos informáticos en busca de pruebas de horas extras no pagadas.
Este episodio ha causado preocupación en el sector de las consultorías y auditorías, así como en los grandes despachos de abogados de España, ya que temen que su intensivo modelo de trabajo sea “carne de cañón” para Inspección de Trabajo.
Además, estas empresas creen que la intervención del Ministerio de Trabajo ha sido una manera de enviar un mensaje claro al sector legal y de banca, ya que también se paga menos cotización a la Seguridad Social.
