Enric Llopis


Chiapas. La población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria se situaba –en el tercer trimestre de 2018- en el 67,8%, según el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo de la Política Social (CONEVAL); el porcentaje de población en la pobreza en 2010 era del 78,5% (de los que el 38,3% en la pobreza extrema) y en 2016 se mantenía en el 77,1% (28,1%, en la pobreza extrema). En cinco de los seis estados con mayor porcentaje de población indígena –entre ellos Chiapas-, la tasa de pobreza era en 2016 superior al promedio nacional (del 43,6% en México); la condición de mujer, indígena y habitante de zonas rurales agrava la situación. Asimismo el 93,5% de las personas que en el estado chiapaneco hablan una lengua indígena están afectadas por el “rezago habitacional”. Celebrado en octubre de 2018 en Guayaquil (Ecuador), el Simposio Regional de la Organización Panamericana de la Salud destacó que siete de cada diez personas no tienen acceso al agua potable y saneamiento en Chiapas, pese a que la región cuenta con el 30% del agua dulce disponible del país.

Un elemento de relieve es la diversidad cultural y biológica; Chiapas es uno de los estados mexicanos con mayor biodiversidad: 11.223 especies de flora y fauna registradas. En ese contexto, uno de los problemas es la deforestación, unida a las talas irregulares y el tráfico ilegal de madera. El Gobierno del Estado promueve entre otros sectores el turismo: 542.330 personas visitaron Chiapas en enero, un 28% más que en el mismo mes de 2018; cerca de 105.000 turistas se acercaron a las zonas arqueológicas de Palenque y Lagartero, mientras a Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, llegaron dos cruceros con 1.355 excursionistas (en septiembre de 2017 el gobierno de Peña Nieto declaró Puerto Chiapas “Zona Económica Especial” para la atracción de inversiones). Balances diferentes a los oficiales son los que realiza el Comité Cerezo, que informa de 184 ejecuciones extrajudiciales a defensores de derechos humanos en México durante el sexenio de Peña Nieto (diciembre de 2012-noviembre de 2018), de las que 16 se produjeron en Chiapas (el tercer estado en ejecuciones, tras Oaxaca y Guerrero).

El 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alzó en armas y movilizó en diferentes municipios de Chiapas, entre ellos San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano u Ocosingo. “Hoy decimos ¡Basta!”, exclamaba la primera declaración de la Selva Lacandona. El presidente Carlos Salinas de Gortari, del PRI, ordenó el 12 de enero el alto el fuego, pero el EZLN denunció en un comunicado, cuatro días después, que 400 miembros del Ejército Federal “asaltaron” la cabecera municipal de Oxchuc y detuvieron a 12 civiles. La noche del 16 de enero “aviones artillados de la Fuerza Aérea Mexicana bombardearon rancherías cercanas al poblado Monte Líbano, en Ocosingo”, añadía el comunicado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunció un mes después la respuesta del Estado mexicano, en forma de ataques aéreos “indiscriminados”, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.

A los 25 años del levantamiento, el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi ha publicado en Zambra y Baladre la segunda edición del libro “Los arroyos cuando bajan. Los desafíos del zapatismo”. El articulista de La Jornada, Sputnik y Naiz resalta la vigencia del EZLN en principios como el de la Autonomía, concretado en los Caracoles (regiones organizativas), las Juntas de Buen Gobierno, los municipios y las comunidades. Ya en diciembre de 1994 el EZLN proclamó la constitución de una treintena de municipios “rebeldes” y “autónomos”, cuya legislación aplicable –la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), las leyes revolucionarias zapatistas de 1993 y las que determinaran los comités municipales- tenía que ajustarse al principio neozapatista de “mandar obedeciendo”. “Todos y todas aprenden a gobernar –subraya Zibechi-, y la figura de la rotación es clave porque permite que no se consolide una burocracia estatal”. Sobre las formas de lucha, en enero de 1994 el EZLN declaró: “No pretendemos ser la vanguardia histórica, una, única y verdadera (…). Nosotros ofrecemos nuestra bandera”.

Autor de “Los desbordes populares desde abajo. Las revoluciones de 1968 en América Latina” (2018) y “Movimientos sociales en América Latina. El ‘mundo otro’ en movimiento” (2017), Zibechi resalta la presencia de las mujeres. En el Caracol de Morelia se celebró, en marzo de 2018, el Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural “Mujeres que luchan”, organizado por las mujeres del EZLN. Realizó el discurso de apertura la capitán insurgente Erika: “En la casa donde trabajé de sirvienta en la ciudad no tenía salario, no sabía hablar español y no podía estudiar; en nuestros pueblos, desde antes de la lucha, niños y niños morían de enfermedades curables”; después Erika se enroló en las bases (clandestinas) de apoyo: “En las noches salía a estudiar y trabajaba con otras mujeres zapatistas en artesanía, frijolar, la milpa y la granja; nací y crecí con las patrullas militares rondando nuestras comunidades; pero no tuvimos miedo, así aprendimos que podemos defender y dirigir”. La Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN (diciembre de 1993) las exhortaba a la lucha de liberación sin distinciones de raza, credo, color o filiación política.

Raúl Zibechi caracteriza la insurrección del movimiento zapatista a mediados de los 90 como parte de “un proceso mucho más amplio”, en el que se construye el nuevo sujeto del campesinado indígena de Los Altos y la Selva Lacandona (de las etnias tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal y lacandona, entre otras); el escritor y activista señala, como elementos del proceso, el incremento de las tierras comunales y las comunidades campesinas durante las tres décadas anteriores, las luchas por la tierra en la segunda mitad de los 80, movilizaciones como la Marcha por la Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en marzo de 1992; la creación de organizaciones campesinas e indígenas, por ejemplo la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), y el trabajo pastoral en las comunidades (en 1960 Samuel Ruiz fue designado obispo de San Cristóbal de las Casas). “Ya sea bajo la forma de catequistas, ocupantes de tierras o insurgentes, hablamos de un mismo pueblo cuya lucha cobra formas diversas según las circunstancias”, resume Zibechi.

El autor de “Territorios en Resistencia” (2011) subraya la componente ética del zapatismo, la importancia de la coherencia y de “poner el cuerpo detrás de lo que se dice”; también resalta la capacidad y el trabajo de los líderes del EZLN para hacerse a un lado, con el fin de que otros asuman responsabilidades; un aspecto vigente del zapatismo es el rechazo de la política entendida –a la manera occidental- según la “lógica de la guerra” y la pugna por la hegemonía. Además el discurso del EZLN es sencillo y no dogmático, con una dirección del movimiento que se sitúa en el indígena campesino y no en una clase media ilustrada. Las zonas “liberadas” en un conflicto tampoco son medios para la guerra bajo control del partido, sino fines con un desarrollo autónomo.

 “El punto central es la práctica”, concluye Zibechi. Impartir justicia no es aplicar la pena de cárcel establecida en un código penal, sino una sanción moral y colectiva. “¿La toma del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo”, escribió el subcomandante Marcos. El pasado 4 de enero el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno saludaron el 25 aniversario del levantamiento y advirtieron sobre algunas de las amenazas actuales: los pactos con las mineras, los megaproyectos en el istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, la devastación y privatizaciones “para sembrar plantaciones industriales forestales industriales” en la Selva Lacandona o las Zonas Económicas Especiales.

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