Hace dos días aparecía la noticia de que el Gobierno va a registrar 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para conseguir invalidar algunos artículos de la Ley de Amnistía de 1977. Su intención es cumplir con el derecho internacional y por fin abrir la puerta a investigar los crímenes del franquismo, ya que muchos jueces han basado constantemente su negativa en dicha ley.
Una de las enmiendas consiste en añadir un párrafo al artículo 2 de la Ley de Memoria con el siguiente texto: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».
Sin duda, es una buena noticia, pero insuficiente. De hecho, la Constitución ya establece en su artículo 10 que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Si la Carta Magna fue aprobada en 1978, ¿por qué se ha permitido que la Ley de Amnistía prevaleciera sobre la misma Constitución a la hora de garantizar derechos fundamentales?
La Ley de Secretos
Por otra parte, hay que recordar que la Ley de Amnistía no es el único obstáculo que se encuentran las víctimas al investigar, como analizábamos en este artículo. En 1968 el régimen franquista aprobó una ley de Secretos Oficiales que continúa a día de hoy. Su intención era esconder bajo llave los trapos sucios de la dictadura. Muchos historiadores llevan años reclamando que se abran los ficheros de esa época para poder investigar.
La nueva Ley de Memoria autorizará el acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa anteriores a 1968, pero con la condición de que no se vea «comprometida la seguridad o la defensa del Estado». Por lo tanto, ya se abre la puerta a posibles arbitrariedades y ambigüedades que pueden seguir suponiendo una traba para quienes investiguen, ya sean particulares o asociaciones.
Un carácter simbólico
Finalmente, aunque es importante reconocer cualquier pequeño paso que alivie un poco el peso de la losa del franquismo, cabe preguntarse qué problema tiene el Gobierno con la derogación. Desde la comunidad internacional han instado a España durante años a que se derogue directamente la ley, no que se modifique. Al igual que con la ley mordaza, al parecer, al Ejecutivo tampoco le interesa deshacerse por completo de la norma.
El investigador Jon Irazabal expresaba al diario Deia que reabrir las causas por estos crímenes tiene sobre todo un carácter «simbólico», ya que «muchos de los culpables ya han fallecido» o tienen una edad muy avanzada que evitaría que fueran a prisión. Aunque considera importante dar este paso por la «restitución a muchas familias, que han tenido sentimientos de culpabilidad por lo que les decían los jueces en la época», esta medida es «un reconocimiento más moral que efectivo».
