El número 3 de Hacienda admite que el control del 1-O no podía ser absoluto

El número tres de Cristóbal Montoro ha reconocido que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos al 1-O porque la información remitida por la Generalitat, que estaba intervenida, fue a veces «inexacta» y los controles de Hacienda no responden a «la realidad material de los hechos».

Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda, ha testificado para responder por el posible uso de fondos públicos durante el «procés», después de que el exministro admitiera en el juicio que no se puede descartar que se destinase dinero público al 1-O porque un análisis contable «siempre puede resultar engañoso».

En su interrogatorio, más técnico que el de Montoro, ha explicado que los sistemas de control del Ministerio de Hacienda llegan a la realidad financiera y presupuestaria pero que «no son la realidad material de los hechos», es decir, que el control podía no ser absoluto sobre las cuentas de la Generalitat, dado que solo se podía revisar y controlar aquello que la administración catalana enviaba.

Y a veces, ha precisado, la información remitida fue «incompleta e inexacta», y en esos casos se tomaron medidas y se envió a Fiscalía.

Hasta en tres ocasiones, ha admitido el testigo, lo hizo ante la Fiscalía General del Estado, una cantidad que el exministro elevó a siete y que el expresidente Mariano Rajoy cifró en nueve.

Rico ha explicado que se denunciaron irregularidades en los expedientes y pagos de Diplocat relacionados con los observadores electorales para el referéndum, otras por el acuerdo del Govern de finales de agosto de 2017 en el que se asumía el compromiso de gasto, y también se denunció la campaña de publicidad de civisme.

Respecto a este último caso, el de los anuncios de las vías del tren, ha recordado que la Generalitat aseguró que la campaña había quedado desierta aunque luego comprobaron que, en realidad, las autoridades catalanas habían desistido.

No obstante, Hacienda comprobó que había dos facturas impagadas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, de 93.179 y 184.624 euros, si bien la Generalitat justificó que no se pagó nada porque no existían registros ni expedientes abiertos por estos conceptos, como así defendió en el juicio la directora de servicios del departamento de Presidencia en esa fecha, Teresa Prohias.

Hacienda no estuvo conforme con esta explicación y así lo denunció a la Fiscalía. Y, de hecho, el ente público todavía reclama el pago de esas facturas a la Generalitat.