En un informe publicado este viernes, el Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha recomendado al Gobierno recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado con el fin de abaratar el precio de la electricidad y tener un mayor control de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua una vez que las concesiones a grandes empresas realizadas por periodos de 75 años ya han sido «suficientemente amortizadas«.

Motivos para el rescate de concesiones

Uno de los principales motivos por los que OS ha realizado este informe ha sido los elevados precios de la electricidad de este verano de 2018, donde se han observado precios de energía récord desde hace 10 años, a pesar de contar con abundantes reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos. Destaca, además, que «la electricidad que pagan los españoles es de las más caras de Europa, que es una fuerte traba para la competitividad de las empresas y un grave problema para capas importantes de la población«.

El OS muestra también su preocupación por las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que llegaron a los 411 partes por millón (ppm), y ha señalado que la economía española fue entre 2014 y 2017 la mayor emisora de este contaminante entre los países desarrollados.

El informe destaca que «en el 2017 y en los años anteriores hubo una fuerte sequía y la priorización en la gestión del agua fue cuestionada entre usos hidroeléctricos respecto a agrarios o ambientales, mientras se han podido utilizar los embalses como reserva a la hora de marcar precio en el mercado eléctrico, ya que se sitúa al lado de las térmicas y puede venderse este recurso a un precio mucho más elevado que el real.»

 

Datos clave para la recuperación de las concesiones hidroeléctricas.

El Observatorio destacada que alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y que otro 8% irá caducando hasta el año 2030. A raíz de la reversión de estas concesiones y su vuelta al control público, se lograría una disminución del precio de la electricidad y un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, sobre todo en épocas de sequía.

Por comunidades, Extremadura es la que cuenta con mayores saltos y mayor capacidad de volumen hidroeléctrica con cerca de un 30%, seguido de Castilla y León con un 17% y Andalucía con un casi 16%. Le sigue a gran distancia Castilla-La Mancha con un 10% y Aragón con un 8%. Estas 5 comunidades autónomas suponen casi un 80% (78%) del total de la capacidad de embalse con capacidad de producir electricidad de todo el país. En cuanto a producción hidráulica instalada el orden de las CCAA es diferente así Castilla y León es la primera, seguido de Galicia, Extremadura y Cataluña y Aragón cubren el 80% del total.

El el informe, OS solicita que sean la comunidades y los municipios que sufren las consecuencias directas de las presas los que vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones. Haciéndolo de esta manera, podrían obtener una serie de beneficios ya que han soportado los efectos ambientales de estas presas durante decenios.

Junto a esta recomendación, el OS estima en el texto que estas empresas concesionarias, con importantes políticas de responsabilidad social corporativa y compromiso público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible «no tendrán ningún reparo, ni pondrán ningún problema para aplicar la legislación devolviendo las concesiones hidroeléctricas al Estado una vez ya pasados los 75 años«.