Ángel Bernardo Tahoces, que afronta una investigación judicial por sus actuaciones en Lousame, tendrá que dar respuesta en la Cámara gallega por la presunta dejación de funciones de su departamento en la cumbre del monte situado entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños.
Al respecto, el Grupo Parlamentario de En Marea ha presentado la semana pasada una Proposición No de Ley (PNL) para su debate público sobre la situación de la explotación minera abandonada del Monte Neme. En palabras de Antón Sánchez, viceportavoz de la formación y portavoz nacional de Anova, la situación del enclave «es la demostración» del modelo impuesto por las políticas de la Xunta de Galicia, encabezadas por Ángel Bernardo Tahoces y por Alberto Núñez Feijóo como responsable del Gobierno gallego
El texto de la PNL, al que ha podido acceder contrainformacion.es, y que se debatirá a partir de septiembre, recuerda que aunque ya han pasado más de 5 años del grave accidente provocado por la rotura de una de las balsas mineras del complejo, que provocó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos, esta explotación abandonada sigue siendo «un problema para la seguridad y la salud de las personas y también para el medio ambiente».
El escrito se hace eco de cómo el lugar ha vuelvo al primer plano de la actualidad informativa por los casos de personas afectadas al haberse bañado en algunas de las balsas, y que habrían sufrido diversos síntomas como irritaciones, diarreas o vómitos. Todo ello, en un contexto en el que la última empresa que tuvo operaciones en el lugar, Leitosa s.A.U., «quebró y abandonó la actividad sin ejecutar ninguna clase de plan de restauración, dejando en la zona diversos pelibros para las personas y el medio ambiente».
La PNL reseña que a persar de que en el año 2014 estuvo en exposición pública un documento de plan de restauración ambiental que fue aprobado ese mismo año por parte de la Xunta, «nada se hizo». En el mismo, se contemplaba la eliminación de las estructuras de hormigón existentes en la zona, el saneado de los taludes con el correspondiente relleno de huecos, la plantación de árboles, la aplicación de diversos sistemas de drenaje en superficie, la realización de movimientos de tierra en las antiguas balsas para consolidar el terreno y eliminar el agua acumulada con tubos de drenaje y el cierre cinegético para impedir el acceso de animales a la zona.
El documento señala que con este plan «se pretendía garantizar la seguridad y rehabilitación de los terrenos y conllevaba la constitución de un aval por parte de la empresa Leitosa S.A.U.» pero actualmente «la inacción por parte de la empresa y de la xunta de Galicia hace que la situación siga siendo la misma que en 2014» por lo que la obligación del Gobierno gallego es «actuar para garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente».
Por todo ello, se solicita que la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta informe a todos los grupos parlamentarios de los procedimientos administrativos efectuados en referencia a la explotación minera del Monte Neme y se tomen «de manera inmediata» todas aquellas medidas necesarias «para garantizar la seguridad y la salud de las personas, así como para cesar la afección medioambiental producida por las instalaciones mineras siguiendo las medidas contenidas en el Plan de Restauración ambiental aprobado en diciembre del 2014″.
IMPUTACIÓN JUDICIAL ABIERTA CONTRA ÁNGEL BERNARDO TAHOCES
Sin embargo, la situación de la explotación del Monte Neme no es la única tormenta que afronta el actual director xeral de Enerxía e Minas, pues Ángel Bernardo Tahoces está imputado por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente por presunta prevaricación en sus actuaciones administrativas como responsable de la Dirección Xeral en la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña). En este caso, y según el escrito del ministerio fiscal «indiciariamente aparecen elementos que pudieran significar la existencia o el riesgo indicado en los artículos 325 y siguientes el Código Penal» por haber permitido la operación con la carencia de un Estudio de Impacto Ambiental, la falta de control y sanción por el vertido de aguas residuales y el haber eludido responsabilidades por el deficiente estado de las balsas mineras de la instalación.
PRIVATIZACIÓN DE BENEFICIOS, SOCIALIZACIÓN DE PÉRDIDAS
Para el diputado Antón Sánchez, en San Finx «se juzga la inacción de la Administración autonómica frente a décadas de contaminación impune y reconocida por Augas de Galicia» y la actuación de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas «en relación a las balsas abandonadas que que suponen una amenaza para el medio ambiente ya que pueden colapsar en cualquier momento y causar un grave daño ambiental». un caso en el que Ángel Bernardo Tahoces «le está ayudando a la empresa a demostrar que esas balsas no pertenecen a la explotación minera para que tengamos todos y todas que pagar con los impuestos, con el dinero público, la restauración y el aseguramiento de esas balsas, que tendría que hacer por otra parte la empresa».
Sánchez se reafirma que casos como el San Finx o el Monte Neme «no son la excepción sino la norma» al igual que ocurre en Touro, Santa Comba o las pizarreras de Valdeorras, que son lugares «donde se privatizan los beneficios y se externalizan los pasivos ambientales que tendremos que pagar entre todos y todas».
