Este jueves, el Parlamento Europeo ha establecido su postura para impulsar una ley europea que proteja los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales con 376 votos a favor y 212 en contra. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra.
La iniciativa es una especie de versión europea de la ley rider española. «No era fácil adoptar una posición en contra de los intereses del lobby, pero hoy hemos enviado un mensaje claro en defensa de los más vulnerables», ha señalado María Eugenia Rodríguez Palop, diputada europea de Unidas Podemos.
El PSOE español ha criticado la votación en contra por parte de los eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos. «Es deplorable que los miembros del PP no apoyen mejorar las condiciones de vida de los empleados, que en algunos casos están por debajo de los estándares laborales decentes», lamentaron los socialistas.
El objetivo es que los 28 millones de europeos que trabajan en compañías como Uber o Deliveroo, con pésimas condiciones laborales, tengan acceso a la protección social y los derechos laborales básicos.
El texto que proviene de la comisión europarlamentaria de Empleo ha obtenido un fuerte consenso y no deberá pasar al escrutinio del Pleno, ya que probablemente se habría debilitado la iniciativa debido al rechazo de las fuerzas de derecha.
La iniciativa de Bruselas asume la presunción de la relación laboral de este sector y trata de regular los algoritmos que controlan a los repartidores. Es decir, tiene como objetivo regular la situación de los falsos autónomos y evitar que estas compañías utilicen los datos registrados con fines discriminatorios.
Palop, una de las impulsoras y ponente en la sombra del informe, celebró que «la propuesta del Parlamento está en línea con la ley rider española, pionera en la solución a la inseguridad generada por las plataformas. El texto cuenta con una vasta jurisprudencia para limitar el impacto de la economía de plataformas en el mundo laboral y en los sistemas de protección social».
El año pasado, el Gobierno español implementó la ley rider, una de las iniciativas estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La nueva normativa establecía un máximo de tres meses para que las empresas contrataran a los riders y les obligaba a tomar medidas para aumentar su transparencia. Además, reconocían a los repartidores de estas plataformas como trabajadores asalariados, ampliando su protección laboral y de seguridad social.
Desde Unidas Podemos destacan que la normativa española logró en solo seis meses el doble de contratos laborales, pasando de 5.464 a 10.980 empleados, y por ello consideran imprescindible trasladar estas garantías y protección a la mayoría de la UE.
De acuerdo con las estimaciones de Bruselas, unos 28 millones de personas trabajan en plataformas digitales en la UE, donde en muchos casos se restringen algunos derechos básicos como bajas por enfermedad o vacaciones. De ellos, unos 5.5 millones serían falsos autónomos.
Sin embargo, la legislación a nivel europeo todavía tiene un largo camino por recorrer. Ahora, la decisión depende de los 27 Estados miembros, que deben fijar su postura. Una vez hecho esto, comenzarán las negociaciones a tres bandas entre la Eurocámara, la Comisión y el Consejo.
La medida puede recibir un impulso durante la Presidencia española de la UE, que asume el país el próximo 1 de julio. Una de las prioridades para esos seis meses será, además de la guerra en Ucrania o las relaciones con América Latina, impulsar el pilar social europeo, donde los derechos y las condiciones laborales son el centro de atención.
