El Parlamento de Portugal debatirá en la comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías la posibilidad de que los actos sexuales no consentidos sean tipificados como delitos, sin que se tengan que probar las prácticas violentas hacia la mujer.

Según explicó hoy a EFE el único diputado del partido Personas, Animales y Naturaleza (PAN) de Portugal, André Silva, en un primer texto, -que fue retirado y no se llegó a votar el pasado viernes como estaba previsto-, se había planteado que se modificara el Código Penal teniendo como base la falta de consentimiento.

En esa propuesta inicial, precisó, se planteaba el aumento de las penas “hasta los seis años de prisión para que no fueran suspendidas las penas de cárcel”, ya que en Portugal se pueden suspender si la condena es inferior a cinco años.

El diputado del PAN recordó que el 58 % de las penas por delitos sexuales se suspenden y, por tanto, los delincuentes no llegan a entrar en la cárcel.

Ante el riesgo de que la iniciativa presentada por el PAN y a la que se sumaron los 19 diputados del Bloque de Izquierda (BE) fuera rechazada por el Parlamento, el texto regresará a la comisión y será modificado para ser votado en un plazo de dos meses.

Según André Silva, el nuevo texto se centrará en que el no consentimiento del acto sexual servirá para que sea tipificado como delito sin que tenga que probarse que ha habido violencia, tal y como ocurre en la actualidad.

Durante los dos próximos meses, los diputados que forman parte de dicha comisión debatirán la nueva propuesta.

Sandra Cunha, diputada del BE que también defiende esta iniciativa, explicó a EFE que el texto originario pretendía además que, para este tipo de delitos, se pueda iniciar un proceso penal sin necesidad de que la víctima denuncie, sino que bastaría con terceras personas o a iniciativa del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, “esta pretensión también será retirada, ya que los partidos mayoritarios del Parlamento luso -PS y PSD- no lo apoyan”, explicó Cunha.

Para ser aprobada, la iniciativa legislativa tiene que estar avalada por una mayoría de 230 parlamentarios.

En este sentido, Sandra Cunha se mostró optimista para que la modificación del Código Penal pueda realizarse, ya que, “la base de este tipo de delitos debe centrarse en si hubo o no consentimiento y considerar la violencia o las amenazas como agravantes”.

Esta iniciativa forma parte de los preceptos del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento y que entró en vigo en agosto de 2014.

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