El diario The New York Times calculaba en 2012 que la fortuna de Don Juan Carlos se elevaba a 2.300 millones de dólares, casi 1.800 millones de euros. Han pasado 8 años desde entonces y hemos conocido nuevas polémicas con amantes, elefantes, maletines y cesiones en el poder. Sin embargo, el dinero sigue estando presente en el en el imaginario colectivo cuando se piensa en la Familia Real. ¿Es desorbitada la cifra revelada por el prestigioso rotativo? Resulta difícil saberlo: a diferencia de ministros, altos cargos y diputados, el jefe del Estado no está obligado a revelar su patrimonio.

En 2003, cuando la revista británica Eurobusiness se refirió a las opacas cuentas de Don Juan Carlos asegurando que disponía de una cifra similar a la informada por The New York Times (1790 millones), el Gobierno de José María Aznar, a través de su embajada en Londres, remitió una carta de protesta a la revista en la que afirmaba que la mencionada cifra «sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad de Patrimonio Nacional son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto».

De este total, según la revista, 545 millones corresponderían a su fortuna personal y el resto a bienes familiares, incluidos palacios y terrenos en distintas provincias. De acuerdo con sus cálculos, el Rey figuraba entonces en el puesto 115 en la lista de los 400 europeos más ricos. Aquélla no era la primera vez que EuroBusiness, propiedad de Bernie Ecclestone, el gran patrón de la Fórmula 1, realizaba un cálculo semejante.

La Casa Real siempre ha tachado esas cifras de descabelladas, pero siempre se ha negado a desvelar la cuantía de la fortuna de los miembros de la corona con el argumento de que su patrimonios personales con un asunto privado. Ilógico por otra parte, pues se destina un gran sueldo a cada miembro de la monarquía española y lo normal sería cierta transparencia por ello.

Y en ello siguen a pesar de las últimas polémicas. La ley impone en cambio ese trámite para todos los electos y quienes ocupan altos cargos de libre designación. Presidentes, ministros, consejeros autonómicos, concejales, diplomáticos, máximos directivos de instituciones dependientes de cualquier administración hacen públicas desde hace ya años sus declaraciones de bienes. Una ley que no toca, ni de cerca, a la Casa Real. Más de 70 000 cargos públicos están afectados por la obligación de presentar declaraciones públicas de bienes y actividades.

Entendemos desde este medio que es importante la transparencia en el reinado de Felipe VI. El actual jefe del Estado figura como segundo beneficiario de la fundación que creó en 2008 el rey emérito para ocultar un supuesto regalo de Arabia Saudí por valor de 100 millones de dólares, unos 64 millones de euros al cambio de la época.

Nadie ni nada impide a Felipe VI presentar sus cuentas por voluntad propia y como una muestra más del «esfuerzo que ha hecho en transparencia», por citar las palabras de la última dirigente socialista que se ha pronunciado sobre el asunto, Susana Díaz, en una entrevista publicada este domingo por infoLibre.