La magistrada Marta Canales ha condenado a la familia Franco a la devolución del Pazo de Meirás a su legítimo propietario, el Estado.
Los seis nietos de Franco, herederos del inmueble además de entregar el Pazo, no serán indemnizados por los gastos en los que afirman haber incurrido para el mantenimiento y reformas de la propiedad pagados con fondos de la familia.
La demanda formalizada en los Juzgados de A Coruña y que se basaba en que Franco habría cometido un «posible fraude» para «dar apariencia de legalidad» a la adquisición de la vivienda, fue interpuesta por el Estado y más tarde se adhirieron a ella la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.
La magistrada ha estimado que Franco realizó una compra simulada de la propiedad, con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad sin mediar precio alguno, tres años después de haberle sido donada en 1938 durante su condición de jefe de Estado, una donación que ha declarado nula «por carecer del requisito esencial de forma». El inmueble fue donado a Franco en su calidad de jefe de Estado y no a título particular, por lo que pertenece al patrimonio público.
La donación fue realizada por la Junta pro Pazo del Caudillo después de haberla comprado a sus legítimos propietarios hasta entonces, los herederos de Emilia Pardo Bazán.
La juez ha tachado la operación de «ficción» y ha desestimado todos los argumentos empleados por los herederos de Franco para defender que debía seguir a nombre, aunque pueden presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña al no ser una sentencia firme.
Respecto al tema de la indemnización, investigadores que estudiaron el proceso de adquisición del Pazo de Meirás y su posterior gestión durante la Dictadura, han acreditado que el pueblo coruñés donó dinero de forma obligada para su adquisición y que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial de la Jefatura del Estado.
La magistrada también ha dado por bueno un documento remitido por un teniente coronel a la Delegación Nacional de Provincias de Falange que recoge que primero se puso en marcha una suscripción voluntaria para comprar el inmueble, pero, una vez fracasada, fue obligada. Es por ello que la juez considera que la visita casa por casa para recaudar fondos tuvo que generar temor y tener alcance intimidatorio en el año 1938.
Esta no es la única pelea judicial con los Franco. Está pendiente la reclamación sobre la Casa Cornide, otro inmueble de inestimable valor histórico.
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