El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) dijo este sábado que el periodismo en el país «se ha convertido en una labor de alto riesgo».

Una muestra de ese riesgo es que del 2001 a la fecha han sido asesinadas «77 personas vinculadas a los medios de comunicación, de los que el 92 % están impunes por falta de investigación», indicó el Conadeh en un comunicado.

Señaló que en Honduras la sanción penal de los delitos contra el honor intimida a periodistas y particulares, en alusión a la condena a diez años de cárcel contra el periodista David Romero, capturado el jueves y quien enfrenta una condena por difamación e injuria contra la exfiscal Sonia Gálvez.

Romero aduce que le han condenado por denunciar corrupción en el país y que eso es un atentado a la libertad de expresión, a lo que Gálvez ha respondido que su caso no tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Gálvez, como encargada de la Fiscalía de la Mujer, denunció a Romero por violar a su propia hija, lo que el periodista, que cumplió varios años de cárcel, en principio no aceptó, pero después lo confesó.

Según el Conadeh, además de 77 comunicadores asesinados desde 2001, unos 20 «han sido objeto de desplazamiento forzado, más de un centenar han sido víctimas de amenazas, agresiones y atentados, y unos 30 han sido objeto de querellas en los tribunales».

El titular del Conadeh, Roberto Herrera, considera que la sanción penal de los delitos contra el honor intimida y disuade a los periodistas y particulares en el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión, por lo que recomendó «la despenalización de los mismos».

Explicó que su posición está sustentada no solamente en los lineamientos de los textos nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, sino que en la misma jurisprudencia que es de carácter obligatoria su aplicación.

«Aquí entra en juego la convencionalidad de decir cómo nuestras leyes y nuestra Constitución están de acuerdo con los tratados internacionales y, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado que las sanciones penales de los delitos contra el honor deben excluirse en esa materia, como regla general».

Herrera también expresó que es necesario fomentar siempre un ambiente cada vez más favorable a la libertad de expresión en una sociedad que busca democratizarse.

«No obstante, aclaró que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ya que trae consigo deberes y responsabilidades por cumplir y, el deber fundamental de quien ejerce esa libertad es respetar los derechos humanos de los demás», subraya el comunicado.