Impacto ambiental de la actividad minera en el Monte Neme / Salvemos Cabana
La polémica en torno al sector se reaviva con el nuevo vertido de agua y lodos que el pasado 31 de enero provocó el corte de una carretera entre las localidades de Malpica de Bergantiños y Carballo y derivó a un tramo costero, incidente que ha vuelto a poner en el centro del debate las deficiencias en la gestión ambiental de los antiguos espacios mineros.
La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana ha denunciado que el plan de restauración aprobado por la Xunta de Galicia en 2014 para regenerar los daños causados por décadas de actividad extractiva en el Monte Neme -incluido el drenaje y sellado de balsas mineras- no se ha ejecutado con diligencia y acumula más de diez años de retraso. Este retraso, según el colectivo, habría contribuido a que fenómenos como el ocurrido a finales de enero.
El vertido sucedido -que rememora la rotura de balsas registrada en 2014, cuando más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos afectaron a los lugares de Aviño y Razo da Costa- sirve de ejemplo para el colectivo del fracaso manifiesto de la llamada «minería sostenible», promovida por la actual Administración autonómica dentro de la denominada «Axenda Galega de Minería Sostible 2030».
Según el colectivo, la restauración ambiental licitada en 2025, con financiación europea a través de fondos Next Generation y un presupuesto final cercano a 1,1 millones de euros, contempla actuaciones como la demolición de estructuras antiguas, relleno de terrenos, creación de sistemas de drenaje y revegetación. Sin embargo, estos trabajos, señalan, llegan «más de una década tarde» y solo cubren una parte del complejo, sin abordar otros focos de impacto ambiental como los vinculados a la explotación metalífera histórica de wolframio y estaño.
Además de criticar la lentitud en la ejecución de los planes, Salvemos Cabana ha recordado que las disputas legales entre la última concesionaria -Leitosa- y su aseguradora han condicionado la restauración ambiental, dejando en evidencia la falta de mecanismos eficaces para garantizar inversiones de regeneración cuando las empresas responsables entran en concurso de acreedores.
La entidad demanda a la Xunta de Galicia, finalmente, una restauración «integral, efectiva y técnicamente solvente», junto con mecanismos públicos de seguimiento y control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa autonómica y europea y la protección del territorio y las poblaciones afectadas.
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