El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española en el Palacio de la Moncloa el 7 de octubre de 2020. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno de España acaba de presentar su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía necesario para articular la movilización de los importantes recursos financieros que vendrán de la Unión Europea en los próximos tres años.

Un plan que, a falta de conocer los detalles (ya se sabe que “el diablo está en los detalles”), es ambicioso tanto por la movilización de recursos que comporta ( 72 000 millones de euros) como por su estructura, organizada en 10 políticas tractoras.

Además, quiere atender a tres grandes retos: la recuperación (impulso de la economía a corto plazo), la transformación (entendida como el impulso al crecimiento a largo plazo y su sostenibilidad) y la resiliencia (quizá más difícil de definir pero que está llamada a dotar a la economía de una mayor flexibilidad y capacidad de integración de todos en el cambio).

El plan está plagado de buenas intenciones. Pero, como ocurre con frecuencia, puede enfrentarse a serias dificultades para su implementación derivadas de las condiciones de partida, enormemente deterioradas por la recuperación no completada de la crisis de 2008 y el duro golpe de la Covid-19 en España.

La urgencia de la recuperación y de seguir manteniendo un apoyo temporal más allá de lo previsto puede entrar en contradicción con la necesidad de articular políticas económicas de largo plazo.

La prórroga de los ERTES

Un ejemplo de lo anterior lo vemos en los ERTE y su necesidad de prórroga. Suponen importantes recursos, movilizados con un corto horizonte inicial pero que la profundidad de la crisis ha prolongado y que tienen el riesgo de mantener, de manera artificial, a empresas zombies; empresas poco competitivas y que sobreviven sólo por el apoyo que están recibiendo.

La idea de “condicionar” (palabra maldita derivada de la reminiscencia de la pesadilla de “la troika”) sus desembolsos futuros a la necesidad de cambios en las empresas para ganar competitividad es solo una pequeña muestra del desafío al que se enfrenta este plan.

Pareciera que el Gobierno quisiera salvar esta relación de intercambio entre el corto y largo plazo movilizando un volumen de recursos inmenso en tan poco tiempo, intentando hacer compatibles las políticas de estímulo (movilizando gasto público para empujar a una economía maltrecha) con políticas de reforma estructural o de crecimiento a largo plazo, que demandan periodos de maduración más amplios en su diseño e implementación.

Quizá el riesgo de haberse apresurado en el diseño del plan pudiera ser pequeño si tenemos en cuenta que existen numerosos estudios que “consolidan” un diagnóstico sobre la necesidad de implementar políticas de largo plazo, y un cierto consenso sobre cuáles han de ser. Y muchas de ellas están recogidas en alguna de las 10 políticas tractoras que contiene el plan.

En todo caso, llama la atención en la presentación de un plan (ya sabemos que es exigencia de Bruselas) que no hace referencia en su presentación a las conclusiones alcanzadas en la Comisión de Recuperación del Congreso (aunque en algunos apartados suena la música) o con un aval científico más claro, como el que atesora el Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Gobierno, compuesto por reputados especialistas en distintos ámbitos económicos que fueron nombrados en julio pasado. Pareciera como si el tiempo apremiara.

¿Una suma de planes ya existentes?

Por ello, pudiera parecer que el plan es fruto de la suma de planes ya existentes pero que requeriría de una visión más estratégica e integradora, cuyo objetivo debiera ser aumentar la capacidad de crecimiento a largo plazo de la economía española, cuya evolución ha sido decepcionante en estos últimos veinte años cuando se analiza la evolución del indicador básico que mide la capacidad de crecimiento a largo: la productividad total de los factores productivos de una economía.

Así lo han puesto de manifiesto las numerosas investigaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas o más recientemente las formuladas por el propio Banco de España en su informe anual publicado a finales de junio de este año.

A la urgencia en la presentación se le suma el reto de poner en marcha políticas especialmente complejas en poco tiempo. La articulación de líneas de apoyo a empresas, de cambios en la cultura empresarial, no solo ha de encontrar capacidades de aquellos que escriben en el BOE (la administración) sino capacidad de absorción de un tejido económico que no sea capaz de plantear proyectos con suficiente impacto.

Articular políticas para ayudar a que las empresas inviertan más en innovación, de manera más sostenida en el tiempo o en tecnología verde y con resultados positivos es, sin duda, más difícil que proyectar y ejecutar kilómetros de AVE, por ejemplo.

Así lo indica la Fundación COTEC, en sus distintos informes, donde no solo ofrece un diagnóstico en el que indica la necesidad de aumentar los recursos públicos y privados, sino de aprovechar más y mejor los ya existentes y de articular políticas estables en estos ámbitos.

Y es precisamente la estabilidad un último riesgo que se corre en la presentación del plan, que necesita contar con los necesarios consensos para que estos esfuerzos iniciales (en tres años) no se vean comprometidos por cambios de rumbo posteriores. Ninguna política de largo plazo es efectiva si se somete a cambios continuos (véase como ejemplo la política educativa española).

Las ausencias del plan

Finalmente, llama la atención que, pese a la ambición del plan y sus políticas de amplio espectro, se observan ausencias muy notables de otras políticas que también inciden en la recuperación, la transformación o la resiliencia y que deberían haber estado incluidas por una mayor coherencia.

En la presentación pública ha habido una alusión muy breve al Pacto de Toledo. La sostenibilidad de las pensiones y, por extensión, de las cuentas públicas será un imperativo en los próximos años.

El déficit de carácter estructural (más allá del causado por la Covid-19) o el volumen de deuda son dos aspectos que hay que abordar, aunque sean cuestiones incómodas.

También lo es la reforma laboral para acabar con la dualidad en el mercado de trabajo, la necesidad de aumentar la dimensión de las empresas (demasiado pequeñas para ser eficientes y con barreras para incorporarse a la corriente de la digitalización, la internacionalización o la innovación) o pensar en una reforma en profundidad para modernizar el sistema fiscal y de financiación autonómica.

Cuestiones que han sido las grandes ausentes en una presentación sobre políticas necesarias, la revolución verde y azul, según el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

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Rubén Garrido-Yserte no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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