El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado al Ayuntamiento de Barcelona un mensaje para desincentivar su intervención en los desahucios de la ciudad: «Debe dar instrucciones precisas a los servicios sociales municipales y en especial al SIPHO -el Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Empleo- de abstenerse de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales».

Actualmente los ayuntamientos no pueden parar los desahucios, ya que se trata de una ley estatal. Por eso, el gobierno Ada Colau tiró de imaginación y en 2015, cuando ganaron las elecciones, inventaron la SIPHO, o como es conocida popularmente: la unidad anti-desahucios del ayuntamiento.

Esta unidad tiene expertas en el tema (concretamente son todas mujeres), que cuando reciben un caso de posible desahucio (ya sea por Servicios sociales, por la PAH, o por algún otro método) se activan y median entre la propiedad y el inquilino para buscar una solución que no implique ejecutar el desahucio.

De hecho, lo normal en cualquier desahucio que sucede en la ciudad de Barcelona es ver la comitiva judicial y la propiedad, acompañada de los Mossos, la persona afectada con los activistas, y las técnicas de la SIPHO que están mediando entre la comitiva y la propiedad. A veces también los mismos concejales del Ayuntamiento se presentan en los desahucios para pararlos junto a los activistas.

Desde el año 2015 esta unidad anti-desahucios ha mediado en más de 10.000 casos, que se dice rápido. Y esto es precisamente lo que no ha gustado al poder judicial catalán.

Sin ir más lejos, el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, ​​Marc Serra, se quejó en un tuit hace menos de una semana que una técnica del Sipho no había podido hacer de intermediaria con la comitiva judicial en un desahucio en el barrio de Hostafrancs, en el distrito de Sants. Según fuentes municipales, la trabajadora de vivienda llegó a las 9.15 h -estaba previsto que la comitiva estuviera un cuarto de hora más tarde- pero los Mossos le dijeron que no podía atravesar el cordón que habían montado. A esa hora la policía estaba desplegada en la calle, alrededor del piso que se quería desalojar, con agentes antidisturbios.

Ante la negativa de los Mossos de dejar pasar la técnica, un representante del gobierno de Barcelona se desplazó hasta el lugar del desahucio, aunque el mando del operativo policial mantuvo que el Sipho no podía entrar.