El Parlamento andaluz debatió esta semana una Proposición no de Ley relativa a actuaciones del Estado en materia de política de agua que Andalucía necesita con carácter urgente. El texto, registrado el pasado lunes 5 de septiembre, lo más parecido a una carta a los Reyes Magos, es un compendio de obras e infraestructuras con las que el PP, en una clara estrategia de confrontación con el Gobierno Central, exige a éste que acometa las actuaciones declaradas de interés estatal para abordar la sequía que padece nuestra región. Sin embargo, la propuesta ignora las evidencias científicas sobre las predicciones de cambio climático en distintos escenarios, la recuperación de costes que determina el artículo 9 de la Directiva Marco de Agua, las restricciones que padecen decenas de municipios andaluces y sus propias competencias.

La situación que padece Andalucía no es tanto una sequía meteorológica (llover menos de la media histórica), sino que estamos en escasez (insuficientes recursos para atender a todas las demandas) producida por la expansión descontrolada de la demanda de agua, principalmente para el regadío. Además, este fenómeno natural, consustancial a nuestro clima mediterráneo, se ha visto agravado por las consecuencias del cambio climático, mayores días con altas temperaturas, lo que conlleva mayor evapotranspiración del agua embalsada. Estos episodios se repetirán con mayor frecuencia tal y como predicen los escenarios futuros, lo que hará que cada vez haya menos agua disponible y el clima será más árido.

Frente a la evidencia científica, el PP lanza el mensaje hidroilógico de que hay que mantener o incluso aumentar los regadíos y las actividades económicas ligadas al agua. Si ya dio pistas con la inclusión de las competencias del agua dentro de la consejería de agricultura, esta PNL viene a confirmar que para este partido el agua es única y exclusivamente un recurso destinado al regadío y otras actividades económicas, excluyendo las demás funciones ecosistémicas absolutamente esenciales, incluido el abastecimiento urbano, un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y recogido en la Disposición final cuarta de la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

Para el PP el agua tiene que ser explotada más allá de los límites actuales de cada Demarcación Hidrográfica, derivando todo el recurso hacia un modelo agroindustrial y turístico depredador que nos conduce al colapso hídrico en Andalucía. No menciona que la Directiva Marco de Agua tiene como principal objetivo la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua, así como promover su uso sostenible basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, la prevención del deterioro y la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos y de los que dependen de éstos. E ignora las previsiones establecidas en los borradores de los planes hidrológicos, que auguran reducciones considerables de los retornos dependiendo de escenarios más o menos desfavorables.

Basa su argumento en que la sequía que padece Andalucía es consecuencia de la falta de lluvias, sin distinguir entre sequía (meteorológica) y escasez (mayores demandas que recursos disponibles), y que la solución pasa por incrementar las obras de regulación, los trasvases, la construcción y ampliación de depuradoras o desaladoras. No reconoce el problema de la sobreexplotación, de la ilegalidad en el uso, de los ecosistemas dependientes del agua (salvo Doñana), ni tampoco se preocupa por los temas sociales derivados de las restricciones al consumo humano de numerosas localidades andaluzas.

Varios municipios andaluces llevan meses soportando cortes de varias horas al día de un recurso considerado un derecho humano, la mayoría podrían haberse evitado si estuvieran integrados en sistemas supramunicipales o si se hubieran construido las obras conveniadas desde hace años. Resulta irresponsable anunciar que se dejará de cobrar durante el próximo año el canon de mejora, un tributo que se amplió en 2019 precisamente para sufragar actuaciones correspondientes al ciclo integral del agua, incluidas obras de abastecimiento. Esto es responsabilidad exclusiva del gobierno andaluz que, sin embargo, ni menciona.

Sobre el listado de obras urgentes propuestas, hay que decir que terminar la presa de Alcolea en Gibraleon (Huelva) es inviable y despilfarrador, ya que las aguas ácidas cargadas de metales pesados no se podrán recuperar para ningún uso; la transferencia de recursos desde la cuenca del Tinto al Guadalquivir no soluciona el problema de ilegalidad en la zona Norte de Doñana, sino que el mismo obedece a un deseo especulativo para aumentar la presión en el Espacio Natural; las conducciones de Siles, Rules, la presa de Gibralmedina o la ampliación de los regadíos en el Sistema Genil-Cabra, están ligados a la expansión de cultivos superintensivos y tropicales, ambos grandes consumidores de agua; los proyectos de modernización de regadíos no se han demostrado que reduzcan el consumo de agua neta, al contrario se han utilizado para ampliar la superficie regable, tal y como denunció el pasado año el Tribunal de Cuentas europeo; o la ampliación y construcción de desaladoras no tienen sentido si no se establecen todos los costes reales y éstos recaen sobre los beneficiados de las mismas (art. 9 de la DMA), sin que existan incentivos por parte de las Administraciones públicas.

Para Ecologistas en Acción, el agua no solo es un recurso estratégico del que dependen las actividades productivas, sino que es un patrimonio natural fundamental para la calidad de vida de sus habitantes y para la supervivencia de ecosistemas de gran valor ecológico. Por ello, para abordar el escenario de escasez hay que caminar hacia una transición hídrica justa, reorientando la política de agua hacia un nuevo modelo sostenible en términos sociales y ambientales.

Antes de proponer cualquier actuación con gran impacto, las medidas a plantear deben ir encaminadas hacia la reducción progresiva de la superficie de regadío (con justicia social y territorial), eliminar de la planificación cualquier referencia a la construcción de presas y embalses, replantear el modelo agrícola bajo un debate y acuerdo social entre todos los agentes implicados, implantar sistemas terciarios en las depuradoras que incorporen los principios de la economía circular pero nunca para aumentar la superficie regable. La desalación con energía renovable, pero cargando los costes a los verdaderos beneficiarios de la obra; la modernización de regadíos eliminando la posibilidad de utilizar los ahorros por eficiencia para aumentar la superficie regable.

También acometer el saneamiento y depuración en las aglomeraciones urbanas de pequeño tamaño; ordenar los usos del agua y abordar los problemas relacionados con los usos ilegales; elaborar planes de sequía en todos los municipios tal y como señala la actual Ley de Aguas de Andalucía; o priorizar los regadíos y cultivos que generan valor añadido al medio rural y fijan población.

La escasez de agua no se palia con obras para incrementar el consumo sino con un uso razonable de los recursos existentes. No necesitamos más inversiones en infraestructuras porque construir embalses y presas no es sinónimo de disponibilidad de agua inmediata. El PP gobernó durante dos legislaturas sin que las obras que ahora reclaman como urgentes se hicieran.

Desde el movimiento ecologista hacemos un llamamiento a la responsabilidad política del PP y exigimos que la Junta de Andalucía asuma una nueva política hídrica, priorizando la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta. Se debería desarrollar una política del agua planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, justo lo contrario que las propuestas hidroilógicas de la PNL.

Ecologistas en Acción

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