El BOE está siendo el principal vehículo informativo que puede utilizar la oposición para conocer los detalles del reparto de los millonarios fondos europeos que deben ayudar a España a emprender la senda de la recuperación.
El partido de Pablo Casado, que no ha convencido para nada este “modus operandi”, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer un reparto “arbitrario y partidista” de los fondos europeos favoreciendo a autonomías donde gobierna el PSOE.
El líder del PP ha asegurado incluso que el reparto que hace el Gobierno “es clientelar y puede llevar a la corrupción”, porque, según afirman, este dinero no pasó por la conferencia sectorial con las comunidades como sí ocurrió con el resto de los fondos.
El caso ha llegado a tal punto que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de acudir a la Justicia, una estrategia apoyada por varios presidentes autonómicos del PP durante el arranque de Fitur.
El partido de Pablo Casado está molesto porque el pasado 20 de octubre, el BOE publicó un decreto del Ministerio de Trabajo en el que se regulaba la concesión directa de subvenciones para 2021 en el que solo resultaron agraciadas cuatro comunidades autónomas, de las que tres están gobernadas por el PSOE : País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia, que en conjunto recibirían nueve millones de euros de un total de 140.000 millones que se prevé lleguen desde Europa a España, lo que supone un 0,01%. Navarra recibirá tres millones y las tres comunidades restantes dos millones cada una.
Aunque, respecto a los fondos europeos, las comunidades del PP no tienen de que quejarse ya que son las que más dinero han recibido de los 11.246 millones transferidos por el Gobierno: Andalucía ha recibido 1.916 millones, Cataluña 1.579 millones, Madrid 1.213 millones, la Comunidad Valenciana 1.055 millones, Castilla y León 742 millones y Galicia 681 millones. Por lo tanto, de las seis comunidades que más fondos han recibido una es socialista y cuatro del PP.
Según informa Europa Press, el Gobierno tiene previsto publicar en las próximas horas un mapa interactivo con datos por comunidades autónomas explicando el reparto de los fondos, para dejar clara la transparencia del proceso.
De los 140.000 millones de euros que recibirá España hasta el año 2026, 70.000 millones llegarán en forma de transferencias entre 2021 y 2023. Sin embargo, para ir desbloqueando esos pagos, España debe cumplir 112 inversiones y 102 reformas dentro del Plan de Recuperación. Es decir, España ha firmado un contrato con Bruselas a cambio de los fondos y la Comisión Europea evaluará al Gobierno cada seis meses para vigilar el cumplimiento de las reformas y las inversiones.
El Gobierno ha cumplido ya 52 compromisos del Plan, entre ellos, la aprobación de la Ley del cambio climático, el ingreso mínimo vital o los nuevos impuestos a las transacciones financieras y la tasa digital. Otros de los hitos del Plan de Recuperación son la reforma laboral y la primera parte de la reforma de pensiones.
En el primer trimestre de este año deberían entrar en vigor leyes como la audiovisual, a finales de año la segunda parte de la reforma de las pensiones y para principios de 2023 la reforma fiscal. Una vez completadas las reformas, el esfuerzo se centrará en las inversiones: rehabilitar viviendas, digitalizar pymes o reducir la temporalidad del sector público.
Bruselas se reserva el derecho de cerrar el grifo de los fondos si un país no cumple con las inversiones y reformas prometidas, por tanto, la ejecución y entrega de dichos fondos no queda a la voluntad del Ejecutivo, sino que está previamente marcado por Europa.
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