El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por Susana Pérez Quislant (PP), ha autorizado con el voto a favor de Ciudadanos y Vox a entregar al Arzobispado de Madrid 1.000 metros cuadrados de suelo público. Se trata de unos terrenos calificados como zona verde y valorados en 659.341,92 euros para ampliar las instalaciones de la Parroquia de Santa María de Caná.

Según explica eldiario.es, el párroco Jesús Higuera pidió esta parcela hace unos meses en una carta personal enviada a la alcaldesa Pérez Quislant. Higuera indicó el destino que la Archidiócesis de Madrid pretende dar a los 1.049 metros cuadrados de suelo municipal. «Nos vendría muy bien para poder construir sobre dicha parcela un inmueble destinado a salones parroquiales, locales de reunión, viviendas para sacerdotes y otros espacios aptos para el crecimiento y desarrollo de actividades sociales, asistenciales y culturales que se viene prestando de forma estable en la parroquia desde su creación, en colaboración con el Ayuntamiento y con diversas asociaciones asistenciales y culturales reconocidas por el Ayuntamiento», le dice el párroco a la regidora del PP de Pozuelo. El sacerdote concluye la carta finaliza agradeciendo «de antemano» el apoyo de Pérez Quislant , «a la espera de tus noticias».

El Ayuntamiento tuvo que recalificar el terreno, en un principio era una zona verde en el Plan de Ordenación Urbana, para que se pueda construir ahora en el solar. Fue convertida, con el beneplácito del Pleno y de la Comunidad de Madrid, en una finca urbanizable para equipamientos privados.

El último paso para cerrar la operación se dio en el pleno municipal del pasado 26 de septiembre en el que se aprobó la petición del párroco. La cesión fue apoyada por PP, Ciudadanos y Vox, y contó con los votos en contra del PSOE y Somos Pozuelo. La parcela ha pasado, por tanto, a manos de la Archidiócesis de Madrid gratuitamente y sin contraprestación alguna, de manera que la Iglesia queda exenta del pago del IBI y de cualquier otro tributo. En las condiciones de la cesión se estipula que dentro de 30 años ese terreno queda libre y pasaría a ser propiedad de la Iglesia para que pueda disponer de él para lo que le parezca.

La ley autonómica de Administración Local recoge que los ayuntamientos pueden ceder «bienes patrimoniales gratuitamente a entidades siempre que eso redunde en beneficio de los vecinos». En el expediente, el Consistorio justifica que la cesión cumple con este requisito, pese a que entre los usos se incluyen viviendas para sacerdotes.

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