Durante algún tiempo, los populares estuvieron instalados en el negacionismo más conspiranoico. Basta recordar al tristemente famoso primo de Rajoy, quien implícitamente afirmaba que el cambio climático era una invención acientífica con tintes políticos, para situar la posición de la derecha ante a este tema. Los intentos de tumbar los aspectos más importantes de la Ley de Costas también fueron bastante clarificadores de la falta de respeto del PP por el medio ambiente; afortunadamente el Tribunal Constitucional impidió la eternización de las ilegalidades cometidas en las playas, marismas y acantilados del país. El freno a las energías renovables y, especialmente, al autoconsumo instantáneo doméstico, con el impuesto al sol, dañó irreversiblemente a una industria emergente que podría haber ayudado a reducir los elevados índices de paro del país, al tiempo que mostró la indecente connivencia o sumisión de los populares con las grandes eléctricas (justamente igual que el PSOE, no nos engañemos). En Andalucía, tras llegar al poder, enterraron bajo la Consejería de Agricultura a la pionera Consejería de Medio Ambiente sureña y la despojaron de las atribuciones competenciales de Ordenación de Territorio con las que trataban de introducir cierta racionalidad en el desarrollo urbanístico de la comunidad autónoma. La lista podría ser interminable, pero para muestra bien nos valen unos pocos botones.
Hoy, el PP (junto con Ciudadanos y Vox) mantiene su batalla mas mediática contra el medio ambiente en la ciudad Madrid. Y no, no se trata de lo de siempre, de poner por encima intereses económicos o empresariales frente a temas de conservación de la naturaleza. Estamos hablando de la vida de personas, o mas bien de la muerte de miles de personas cada año por causa de la contaminación provocada principalmente por las emisiones de los vehículos privados que circulan por la ciudad. Se estima que alrededor de 50.000 muertes anuales están provocadas directamente por la polución en países vecinos. Si una cifra de este tipo no es suficiente como para mantener o ahondar las medidas de Madrid Central, significa que las derechas católicas hispanas demuestran un absoluto desprecio por la vida. Agarrarse a un problema administrativo con la tramitación de las multas para desmontar las medidas anticontaminación, sin poner en marcha ningún plan alternativo, es de una desfachatez supina, sobre todo cuando la propia UE ha calificado a los esfuerzos contra la contaminación de Madrid y Barcelona como insuficientes.
Durante unos pocos días, Madrid ostentó el récord de ser la única ciudad del mundo donde se revertían políticas de movilidad en favor de la salud de sus habitantes. Esta es la derecha patria. Si no fuera por la diligencia de Ecologistas en Acción en los juzgados, hoy Madrid Central ya sería parte del pasado y las inquinas revanchistas habrían pasado por encima del derecho a la calidad de vida de los madrileños y madrileñas.