El PP ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que pretende modificar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que el Gobierno pueda aplicar esta medida de gracia a los condenados por rebelión y sedición, que a su juicio son “delitos gravísimos contra la unidad de España”.
Es curioso que se considere este tipo de delitos gravísimos y no se haga nada por los indultados por delitos de corrupción o prevaricación, que desde 1996, suma 227, según los datos de Civio. De hecho conviene recordar que Casado accede a la Presidencia de su Partido como resultado de una moción de censura a Rajoy que le obliga a dimitir como máximo responsable del PP y que tiene su origen en una sentencia que condena a su Partido por lucrarse de una trama corrupta.
Como dato, cabe indicar que el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido 873 indultos desde 2011 de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía.
Los indultos son una incursión del poder ejecutivo en la tarea del judicial que debe ser vigilada. Durante años, se han concedido de forma masiva (más de uno y medio al día hasta fechas recientes), pero nadie lo había sacado a la luz. Desde 2013, lo hacemos a través de el Indultómetro. Su número ha bajado drásticamente, pero los sucesivos gobiernos siguen sin justificar públicamente la concesión o denegación de un indulto.
La segregación interesada de este tipo de acciones por parte del PP solo puede leerse con fines partidistas. Se trata de una de las primeras iniciativas presentadas por los ‘populares’ en esta legislatura, aunque todavía no va firmada por el Grupo Popular sino por una quincena de diputados. Por esta vía ya registraron una reforma del Reglamento para limitar las fórmulas de acatamiento de la Constitución. Todas ellas medidas contra el independentismo.
Los de Pablo Casado pretenden con estas medidas que los líderes del ‘procés’ que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 puedan llegar a ser perdonados, algo que entraría dentro de la lógica democrática. Arguyen que es “imprescindible” responder con “celeridad” a la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez indulte, entre otros, al líder de Esquerra Republicana (ERC) y diputado por Barcelona, Oriol Junqueras.
Según ha recalcado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta iniciativa es necesaria después del “dantesco y bochornoso espectáculo” que se vivió el pasado martes durante la sesión constitutiva del nuevo Congreso, donde un “preso golpista” como Junqueras pidió a Sánchez hablar y éste le contestó con un “no te preocupes”. A su juicio, el jefe del Ejecutivo en funciones debería haber respondido a Junqueras con un “ya hablaremos cuando haya sentencia y la cumplas”.
