La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular bajo el mando de Alfonso Rueda, ha dado luz verde a uno de los proyectos industriales más polémicos y contestados en la historia reciente de la comunidad: la instalación de una macrocelulosa en el municipio de Palas de Rei (Lugo) por parte de la empresa portuguesa Altri y la gallega Greenalia. La declaración de impacto ambiental favorable concedida por la Xunta ha desencadenado una reacción inmediata y multitudinaria de rechazo, encabezada por la Plataforma Ulloa Viva.
Miles de personas se han echado a las calles en las plazas de municipios de toda la cuenca del río Ulla para protestar contra una decisión que, según denuncian las plataformas ecologistas y vecinales, supone una sentencia de muerte para el ecosistema fluvial y un atentado contra la sostenibilidad de la región. La convocatoria, que tuvo lugar este domingo a las 12:00 horas, reunió a vecinos y vecinas de múltiples municipios que portaban pancartas con mensajes claros: «Altri non!» y «O Ulla non se vende».
El proyecto de Altri y Greenalia consiste en la instalación de una fábrica de producción de fibras textiles a partir de celulosa. El proceso industrial implicará un alto consumo de agua y la emisión de residuos tóxicos que acabarán en el río Ulla, uno de los ecosistemas fluviales más importantes de Galicia. La Xunta, pese a las advertencias de expertos y las protestas ciudadanas, ha optado por conceder el permiso ambiental, permitiendo así a las multinacionales operar sin restricciones significativas en cuanto al uso de recursos hídricos y la gestión de residuos.
El PP ha decidido ponerse del lado de las grandes corporaciones frente a la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. La declaración de impacto ambiental ha sido aprobada sin que las instituciones autonómicas hayan presentado un plan detallado de mitigación de los daños ambientales o un protocolo de control sobre los vertidos industriales.
La Plataforma Ulloa Viva ha denunciado que el proyecto de Altri amenaza directamente el equilibrio ecológico del Ulla, afectando a la biodiversidad y poniendo en riesgo los sectores productivos locales, como la pesca y la agricultura, que dependen de un río limpio y saludable. “Nos están vendiendo para beneficiar a una multinacional extranjera y una empresa amiga de la Xunta. Quieren que paguemos nosotros las consecuencias mientras ellos se llenan los bolsillos”, denunció una portavoz de la plataforma durante la concentración en el Puente Medieval de Pontevea, símbolo histórico del río Ulla.
El trasfondo económico y político del proyecto de Altri y Greenalia explica en gran parte la rapidez con la que la Xunta ha dado luz verde a la macrocelulosa. Greenalia mantiene estrechos vínculos con altos cargos del Partido Popular gallego y ha sido beneficiaria de múltiples concesiones administrativas en el sector energético y forestal. La colaboración con Altri, multinacional portuguesa especializada en la industria papelera, se presenta como una operación altamente lucrativa para las empresas implicadas, pero devastadora para Galicia.
El consumo de agua proyectado por la planta de Altri es alarmante. La fábrica extraerá más de 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla, lo que podría reducir gravemente el caudal fluvial y afectar a la fauna y flora de la cuenca. Además, el proceso de producción generará residuos tóxicos que, según varios estudios ambientales, podrían acumularse en el lecho del río y afectar a la calidad del agua potable y al ecosistema marino de la ría de Arousa.
El rechazo ciudadano no solo ha quedado patente en las concentraciones de este domingo. Las movilizaciones contra Altri han sido una constante desde que se conoció el proyecto en 2023. Las plataformas ecologistas y los colectivos vecinales han denunciado la opacidad de la Xunta en la tramitación del proyecto y la ausencia de consultas públicas significativas antes de la aprobación de la declaración de impacto ambiental. El Gobierno de Rueda ha ignorado las advertencias de biólogos, ecologistas y sectores productivos locales para favorecer los intereses privados de Altri y Greenalia.
La Plataforma Ulloa Viva ha advertido que estas concentraciones son solo el principio de una campaña de resistencia que incluirá acciones legales, movilizaciones masivas y un llamamiento a la desobediencia civil para frenar la instalación de la planta. La próxima gran movilización está prevista para el 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal, donde se espera una asistencia histórica que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra Altri y la política ambiental del PP en Galicia.
Las imágenes de las protestas de este domingo muestran a vecinos y vecinas con pancartas, tambores y lemas contra la Xunta y Altri, pero también un mensaje de esperanza: la defensa de los ríos y de la naturaleza es una línea roja para el pueblo gallego. Frente a la política de tierra quemada del PP, Galicia ha dejado claro que no se rendirá.
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