El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo este martes que asumía «toda la responsabilidad política» ante la Justicia sobre la omisión de confesión de delito del exmilitar José Nino Gavazzo en el caso de la desaparición y muerte de un guerrillero tupamaro en 1973.

«Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que dictaminar», dijo el mandatario a la cadena uruguaya VTV y declaró que ahora viene un «capítulo importante» de accionar por parte del Gobierno la fase «legal, política e institucional».

En ese sentido, señaló que la legal la resolverá la Justicia «libre y soberanamente» y que en lo político e institucional ya actuó el al destituir este lunes al recién nombrado comandante en jefe del Ejército, José González y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún.

Así como a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.

Además, los medios locales también indican que Vázquez destituyó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y al viceministro Daniel Montiel, aunque la Presidencia aún no lo confirma.

El mandatario también señaló que, tras la salida a la luz de la confesión de delito, se puede decir que durante la dictadura cívico-militar de Uruguay (1973-1985) hubo «torturas, muertes y desaparecidos», ya que ahora «uno de los actores principales lo reconoce».

«El nudo político del tema para mí está en esa ruptura del pacto de silencio, hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares y que no hubo intención de desaparecer gente», apostilló el también oncólogo de profesión.

En ese sentido, Vázquez también apunto que tras estas confesiones «nadie puede decir que hay un pacto de silencio que no va a ser violado», pues este «ya fue violado».

«El tema de tratar de comprender por qué también en este caso militares que no tenían nada que ver con lo anterior no hicieron la denuncia correspondiente», se preguntó el presidente.

La crisis militar salió a la luz después de que el medio El Observador publicara las actas -cuyo fallo fue homologado por el Poder Ejecutivo- que incluían una confesión de Gavazzo en la que admitía haber arrojado al río Negro (centro) el cuerpo de Gomensoro en 1973.