Carlos Lemes, presidente del Tribunal Supremo, ha perdido disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una “deficiente” gestión de la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, el conocido como impuesto de hipotecas.

Lesmes ha señalado que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia y el magistrado no lo consideró oportuno. No obstante, descarta pedir su dimisión.

Lemes también ha negado este lunes que recibiera la llamada de ningún banco alertando del por la aplicación de esta sentencia. “Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria alertándome de riesgos sistémicos“, ha contestado Lesmes a preguntas de los periodistas.

La sentencia no se refiere a si los efectos van a ser a partir de la propia sentencia, si va a tener una retroacción de cuatro años, que es el plazo legal establecido para reclamar a las administraciones por parte de los deudores, o si iba a ser ilimitado dicho plazo“, ha añadido el presidente del Supremo.

Lesmes ha explicado también que él tenía preocupación por el impacto judicial de la novedosa resolución “teniendo en cuenta que cuando se dictó por el Pleno de la Segunda la abusividad de las cláusulas suelo, se generaron 250.000 demandas y no un colapso pero sí una situación difícil en la jurisdicción civil”.

Al señor Díez-Picazo no le pareció oportuno hacer la nota aclaratoria, me dijo que no estaba de acuerdo, y un tiempo después me comunicó que lo que iba a hacer era convocar un Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que resolviera los asuntos pendientes”, indicó el presidente del Tribunal Supremo

La nota de Díez-Picazo ha producido según Lesmes “una percepción de que lo que se quería era revisar“, una percepción que según Lesmes “no se ajusta a la realidad“, porque el Pleno de la Sala Tercera es “absolutamente soberano para adoptar la decisión que corresponda, ya que está formado por más de treinta magistrados”.

No obstante, Lesmes reconoce que dicha “percepción” ha producido “un gran daño reputacional” al Tribunal Supremo. “Todo esto, sin duda, no lo hemos gestionado bien, lamentablemente, y se ha producido una desconfianza indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo”.

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