Luis Ortiga. Economista
Se ha celebrado la primera sesión del plenario de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, la cual ha contado con la comparecencia del Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Un tema muy significativo, expuesto y defendido con vehemencia por la casi totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios, ha sido considerado por la propia Comisión como «el primer consenso del Pacto de Toledo». Me refiero a la injusticia que sufren las personas jubiladas de forma anticipada que, después de más de 40 años de cotización, ven reducida su pensión por la aplicación de unos coeficientes reductores absurdos y arbitrarios que pueden representar una pérdida de hasta un 32% en la cuantía de su pensión. Esa reducción, además, es ya para toda la vida.

La Comisión del Pacto de Toledo, en consecuencia, ha trasladado de forma explícita y clara al Ministro que debe analizar y subsanar de forma inmediata esa problemática social.

En la réplica final, el Ministro Escrivá admite que hay consenso de los grupos parlamentarios en esa petición y que efectivamente se trata de una situación injusta, pero de forma incomprensible e inaceptable se limita a decir que es la propia Comisión la que debe pedirle datos y hacer propuestas para posteriormente ser analizadas por el Ministerio.
Está claro que es una respuesta de «ganar tiempo». Es una burla a la Comisión. Es una burla a las personas afectadas.

La Comisión ya se ha expresado de forma muy clara y contundente. Hay consenso en que se trata de una situación injusta que debe resolverse de forma inmediata. Se trata de un mandato formal de la Comisión del Pacto de Toledo al Ministro para que analice la situación y proponga medidas urgentes para resolver la ignominia que sufre el colectivo afectado.

El Ministro no puede «marear la perdiz». No puede ningunear a la Comisión. No puede ningunear a toda la ciudadanía. Debe responder a la mayor brevedad, al mandato efectuado por la Comisión.

Esa reivindicación de derogación inmediata de los coeficientes reductores para personas jubiladas con más de 40 años de cotización no es, por supuesto, desconocida por el Ministro. Hace años que se conoce. Afecta a más de 500.000 personas. La casi totalidad de Parlamentos Autonómicos han aprobado Proyectos no de Ley (PNL)para la derogación de los coeficientes. Una PNL en el Congreso y una Moción en el Senado también lo han apoyado, al igual que diversas Diputaciones y Ayuntamientos.

Los sindicatos UGT y CCOO han manifestado también su apoyo a la citada reivindicación. Pues bien, a pesar de los múltiples apoyos, políticos y sociales, citados anteriormente, la indignidad continua y ningún Gobierno aplica la justicia y sentido común que está causa precisa.

Espero y deseo que el Ministerio de Seguridad Social respete el mandato recibido, por consenso de los grupos parlamentarios, desde la Comisión del Pacto de Toledo. La credibilidad de las instituciones y de la propia política está en juego.