El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del cuerpo eleva su atestado contra la extractiva a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ayuntamiento de Torrenueva al considerar que el pasado día 9 de diciembre la empresa buscaba en la localidad “comprobar la existencia de monacita gris (mineral fosfato), la principal mena de tierras raras”, una actividad para la que carecía de autorización.
En el informe del organismo, al que ha tenido acceso la Plataforma Sí a la Tierra Viva al estar personada en el caso, el Seprona señala que la mercantil actuó ilegalmente en unos 3.700 metros cuadrados de extensión hasta el momento de ser paralizadas las labores por operativa ilegal, presentando finalmente denuncia contra la empresa Quantum Minería S.L., el geólogo representante de la misma en los trabajos y el responsable del proyecto que esta estaba llevando a cabo.
A criterio del SEPRONA, según refleja el documento de manera textual, se pueden haber cometido las siguientes infracciones:
-Realizar aprovechamientos de recursos mineros sin contar con autorización o concesión de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico. Supuesta infracción al Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que desarrolla de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
-Carecer del plan de labores de la explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico. Supuesta infracción al Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que desarrolla de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
-Carecer del plan de restauración de un espacio natural afectado por actividades mineras para la instalación de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico. Supuesta infracción al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
-Ejercer la actividad o realizar una modificación sustancial en la misma sin la preceptiva autorización ambiental, sin que se haya producido un daño o un deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas. Supuesta infracción a la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
-Carecer de la autorización de la confederación hidrográfica para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y policía de la “Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad”. Supuesta infracción al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
-No haber sometido el proyecto de la instalación de una explotación de extracción de tierra a cielo abierto al trámite de evaluación de impacto ambiental. Supuesta infracción a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
-Roturar terreno forestal para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y de policía de la “Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad”, careciendo de la autorización previa de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Supuesta infracción a la Ley 3/2.008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha.
-Roturar terreno forestal para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y de policía de la “Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad”, careciendo de la correspondiente autorización, con independencia de la titularidad del mismo y de que existan animales silvestres que proteger. Supuesta infracción de la Ley 9/1.999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, de Castilla La Mancha.
-Carecer de la licencia urbanística expedida por el Ayuntamiento de Torrenueva (Ciudad Real), para la instalación y funcionamiento de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico. Supuesta infracción al Decreto Legislativo 1/ 2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
-La instalación y funcionamiento de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras que producen un impacto negativo, en relación a la integración en el entorno inmediato o en el paisaje. Supuesta infracción al Decreto Legislativo 1/ 2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Tras dar a conocer estos hechos, Sí a la Tierra Viva ha hecho constar que el informe confirma que la plataforma “actuó con criterio” tanto al denunciar los hechos como al poner en conocimiento público las presuntas ilegalidades cometidas por la mercantil y que “la empresa Quantum Minería actuó de mala fe al verter insidias contra la plataforma que, a la vista de este informe técnico, no se corresponden con la realidad”, por lo que el equipo jurídico del colectivo estudia la toma de acciones legales contra la minera “para que hechos tan lamentables no vuelvan a repetirse”.
Para el colectivo, a la vista de los hechos “resulta sonrojante la declaración de intenciones”que tan a menudo ha efectuado la empresa para con la “minería responsable” yendo “más allá del cumplimiento de las normas” e inspirada “en las mejores prácticas ambientales y sociales” cuando ya en su anterior etapa Quantum Minería fue denunciada y sancionada en 2016 por operar irregularmente y desarrollar una “actividad clandestina” en un corral de la localidad.
“Los hechos acontecidos el 9 de diciembre en Torrenueva recuerdan que con semejante operativa la responsabilidad de la empresa queda en entredicho y que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene sobrados motivos para cancelar el proyecto de exploración Neodimio, que a lo largo de todo este año ha acumulado el rechazo social unánime de vecinas y vecinos de la zona afectada, productores del sector primario y el sector servicios, un sinfín de colectivos y entidades y la inmensa mayoría de la clase política, que consideran que la minería de tierras raras supone un claro perjuicio para la provincia de Ciudad Real y sus habitantes”, sentencia la entidad.
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