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Xan Pereira Castro


El objetivo del PSOE para suprimir los privilegios de la iglesia ha ido perdiendo fuerza hasta quedar en nada. En Junio de 2018, durante los primeros días de gobierno socialista, la idea de poner fin a algunas ventajas fiscales que tienen la Iglesia católica resonaba en el parlamento y revisar los acuerdos que tienen firmados España y la Santa Sede, que datan del año 1979, era una prioridad. Estos documentos son un tratado internacional que solo puede denunciar el Gobierno.

La intención del Gobierno de Sánchez era adaptar el Concordato con la Santa Sede, un acuerdo con el Vaticano que es único en Europa, ya que ningún otro país lo tiene, a la Constitución. Esto significaría someter a revisión los cuatro acuerdos firmados en enero de 1979: el relacionado con asuntos jurídicos, el de enseñanza y cultura, el de asuntos económicos y el de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos.

Asimismo, el gobierno socialista había planteado que los lugares que no son de culto y que son gestionados por estas religiones paguen de forma efectiva el IBI, una demanda que siempre habían recalcado desde la oposición.

Ahora, Pedro Sánchez opta por mantener la relación de ‘statu quo’ con la Iglesia católica y esta seguirá contando con ventajas o «privilegios» que ningún otro grupo religioso o institución tiene en España.

El PSOE aparca esta lucha a pesar de que la resolución del 39 Congreso federal del PSOE establecía que «España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos».

 

Solo queda Unidas Podemos en la lucha contra los privilegios de la Iglesia

Tras el abandono de la lucha por una España laica por parte del PSOE, solo Unidas Podemos queda como referente de políticas en materia de laicidad. El objetivo de la formación morada sigue siendo acabar con los privilegios económicos y fiscales de la Iglesia Católica y en suprimir aquellas cuestiones de carácter confesional que afecten a derechos como el de la libertad de expresión. Podemos incluye en su programa electoral la anulación del Concordato de 1953 y de los Acuerdos concordatarios de 1976 y 1979; la supresión de la asignatura de religión del currículo, horario escolar y centro educativo; la eliminación de las capellanías y servicios religiosos en las instituciones públicas (hospitales, colegios, universidades); o la supresión de las celebraciones y de la simbología religiosa en los actos oficiales, de honores u homenajes a imágenes o advocaciones, así como de la presencia pública de autoridades en actos confesionales.

La coalición impulsará la recuperación de los «bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia» que incluye ejemplos de patrimonio histórico, como la mezquita de Córdoba, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. «Estas operaciones se han basado en el privilegio hasta 2015 de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de declaraciones de sus propios miembros», apuntan desde el partido.

Otra lucha clara de Podemos, que se establece en el punto 248 de su programa electoral, fija la eliminación de la exención del IBI para la Iglesia. “Mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades”, denuncian desde Podemos.

En el punto 142 se propone, junto a la supresión de la ley mordaza y del delito de injurias a la Corona, la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, unos tipos delictivos que en el programa se califican de “medievales”.


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