El programa del PSOE para la próxima legislatura incluye una reforma de la Constitución para garantizar un sistema de financiación en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado y reconocer al municipio como unidad territorial básica.

Respecto a la financiación autonómica, señala que la Carta Magna no contiene ninguna regla “mínimamente precisa” para las comunidades autónomas, lo que considera una “singularidad”, ya que en los estados descentralizados “la Constitución prefigura, cuando menos”, el sistema de financiación que se aplicará.

Por ello, el resultado ha sido la “inestabilidad y la insatisfacción”, por lo que la Constitución debe incluir “las decisiones fundamentales” sobre el reparto de competencias financieras y los principios por los que se distribuyen los recursos.

Para los socialistas, se debe establecer en la reforma, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial y garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la autonomía local, alude al “intento de cercenar” el ámbito de actuación de los entes locales que ha supuesto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, aprobada por el PP, y reclama superar la “limitada garantía constitucional” de la autonomía local y de su sostenibilidad financiera.

Por ello, debería reconocer al municipio como unidad territorial básica, así como sus competencias propias.

Pide que haya un régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales, al tener necesidades y objetivos distintos.

Los primeros deben atender una demanda de servicios públicos a veces masiva, mientras que en los rurales se debe hacer hincapié en la lucha contra la despoblación.

En ambos casos, señala el programa socialista, “resulta esencial” la mejora de la financiación mediante la previsión de tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.

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