La clave está en si hay un pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras tras la sentencia europea.

Las posturas se acercan entre el PSOE y ERC y así lo reconoce la formación independentista, que «analizará internamente la propuesta socialista y el estado de la negociación en los próximos días». El primer análisis se producirá este lunes en la Ejecutiva.

La clave de los avances, al margen de la faceta judicial, está en que el PSOE y ERC impulsaron días atrás la negociación sobre las características de la mesa «bilateral» donde el independentismo quiere sentar al Estado para abordar una solución «política» al conflicto. ERC quiere que esté integrada por miembros de los respectivos gobiernos, y no de los partidos, como pretendía el PSOE. La clave está en los detalles.

El PSOE ha aceptado la condición de ERC de permitir la investidura de Pedro Sánchez si hay un pronunciamiento favorable de la Abogacía del Estado sobre Oriol Junqueras tras la sentencia europea que solicita su liberación, por lo que todo apunta a que hoy lunes se sabría oficialmente si habría investidura, tal y como confirma Isabel Celáa y si el próximo 5 de enero Pedro Sánchez sería elegido presidente del Gobierno.

Para que el acuerdo acabe cristalizando será determinante el posicionamiento de la institución. El informe de la Abogacía del Estado se ha retrasado más días de los inicialmente previstos por la enorme división en su seno, según aseguran fuentes conocedoras de lo que está sucediendo, que subrayan los problemas para encontrar la manera de acoplar las exigencias de ERC.

La Asociación de Abogados del Estado sorprendió este domingo con un comunicado de escasos precedentes en el que rechaza «cualquier intento de injerencia o presión», una clara alusión a Vox, porque hizo una advertencia de que llevaría ante la Justicia al abogado que firmase un escrito en favor de Junqueras.

El texto dice que la Asociación de Abogados del Estado «rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado». Y continúa reivindicando que siempre actúa con «estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos».