Según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el mes de julio finaliza con un recibo de la luz aún más caro que el mes anterior y una subida interanual del 9,1%. Entre el 1 y el 31 del mes el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se ha situado en 78,39 euros, 6,57 euros por encima de los 71,82 euros de julio del año pasado.

La subida mensual ha sido del 2,2%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 1,68 euros más caro que el de junio. La factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada (la media según los estudios de FACUA) se situó en junio en 76,71 (mes en que subió un 1,8%). En mayo, el mismo recibo fue de 75,34 euros (subió un 7,7%), en abril en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9,0%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%).

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en julio en una media de 16,18 céntimos (12,72 más el 27,19% de impuestos). Sube un 12,5% con respecto a los 14,38 céntimos/kWh (11,30 más impuestos) de julio de 2017 y un 11,3% sobre los 14,54 céntimos/kWh (11,43 más impuestos) de junio de este año.

El Gobierno de Pedro Sánchez debe priorizar la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia y aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

A finales de 2016, FACUA promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar seis medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

El camino lo ha marcado Barcelona Energía, la mayor eléctrica municipal en España, se puso en marcha este domingo 1 de julio, un año después de aprobado el proyecto de la alcaldesa Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. La comercializadora de electricidad pública nació con el propósito de ofrecer a los barceloneses energía verde y de proximidad a través de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa).

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