El reconocimiento como camino a la reconciliación

Diez años después del fin de ETA, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido perdón a las víctimas de la banda: «Sentimos su dolor. Nunca debió haberse producido». Tanto él como Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, añadieron: «Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Pero estamos convencidos de que es posible aliviarlo desde el respeto y la memoria. Sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a mitigarlo».

Las reacciones no se hicieron esperar. Un sector del PSOE celebró la declaración, como es el caso de Patxi López, explicando que llevaban años esperándola: «Por primera vez» hay un «reconocimiento público por parte de la izquierda abertzale de las víctimas de ETA». Sin embargo, el sector centralista del PSOE en el Gobierno no lo ha considerado suficiente. Le han instado a pasar de las «palabras a los hechos», que condene a ETA y no participe en homenajes a los condenados.

Las víctimas hablan

En general, la mayoría de partidos políticos, a excepción de la derecha, han reconocido el paso, aunque algunos con matices. Lo mismo ha ocurrido con las asociaciones de víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha rechazado rotundamente las palabras de Otegi y ha exigido que «pida perdón por ser altavoz y brazo institucional de los asesinos». La hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, ha tuiteado que ayude «a resolver los más de 300 crímenes de ETA pendientes de sentencia».

De la misma manera, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha reconocido que se trata de un «salto cualitativo», especialmente viniendo de Otegi, aunque lo considera insuficiente sin la condena a la banda, entre otras cosas. De la misma opinión es Tomás Caballero, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Aunque también dice que «es un buen mensaje», opina que «suena más a cálculo político que a arrepentimiento».

Por otra parte, Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui y cuya historia ha inspirado la reciente película Maixabel, ha declarado a El HuffPost que «el mensaje de Otegi llega tarde, pero más vale tarde que nunca». En referencia a los 300 casos de los que habla María del Mar Blanco, dice que Arnaldo Otegi «no tiene la llave de todo» y recuerda que también hay casos sin resolver del Batallón Vasco Español o los GAL, y ha instado al PSOE a reflexionar sobre los pasos a dar para llegar a la reconciliación.

Víctimas de distinto grado

Nadie duda que detrás de las palabras de Otegi existan fines políticos. Pero lo cierto es que ETA desapareció y cualquier intento por caminar hacia la reconciliación debería valorarse positivamente, aunque, naturalmente, existan reservas. Precisamente las palabras de Lasa son importantes porque durante su trabajo como directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco entre 2001 y 2012 se esforzó porque se reconociera como víctimas no solo a las de ETA, sino también a las de los GAL e incluso a las de abusos policiales.

Esto provocó la ira de algunas asociaciones de víctimas, las mismas que se enarbolaron como representantes de las 193 personas asesinadas en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004. Esto causó desde el principio muchos roces entre la AVT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, quienes en su día acusaban a la primera de apropiarse de la representación de las víctimas en materia antiterrorista y de obedecer los dictados del PP, llegando incluso a cuestionar la autoría de los atentados, como hizo la derecha durante mucho tiempo. De hecho, cada 11 de marzo realizan actos por separado.

La amortización del dolor

Al igual que existen fines políticos en las declaraciones de Otegi, también existe una amortización del dolor ajeno por parte de algunas asociaciones y partidos políticos, a quienes interesa seguir alimentado una espiral de odio que no lleva a ninguna parte. Las teorías de resolución de conflictos giran en torno a lo que defiende Maixabel Lasa: la necesidad de reconocer las víctimas mutuamente, de mirarse, respetarse y, por fin, sentarse a dialogar. Pero es un esfuerzo que ha de venir de ambas partes. Tampoco hay que olvidar que el gobierno de José María Aznar también negoció con ETA en 1999, aunque ahora el PP se lleve las manos a la cabeza porque se dialogue con EH Bildu, cuando ya es solamente un partido político sin una banda terrorista detrás, es decir, que hace años escogió la vía del diálogo.

De cualquier manera, como decimos, ETA ya no existe y las heridas abiertas han de cerrarse mutuamente y con verdadera voluntad de reconciliación, y esto implica que el Gobierno reconozca también su responsabilidad y pida perdón por los crímenes de los GAL y los abusos policiales. Algo que, por otra parte, también siguen esperando otras víctimas, como las del franquismo, que ni siquiera han recibido una condena de la dictadura por parte de todos los partidos y especialmente los que se nutrieron directamente de las filas franquistas, como el PP. No condenar una dictadura debería ser algo inverosímil e inconcebible en una democracia.

El acercamiento de presos

«La experiencia internacional nos demuestra […] que es necesario dar una solución a la cuestión de los presos y las presas políticas. Es un reto ineludible para todos, que pasa necesariamente por poner fin a la política penitenciaria de excepción y por darle una solución integral». Estas palabras en la declaración de Otegi y Rodríguez son seguramente las que causan recelos a la hora de creer su petición de perdón. Solicitan poner fin a la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas de ETA. Añaden que quieren «reivindicar el papel activo, decidido y decisivo de los presos en la superación de la estrategia armada y su definitivo compromiso con las vías pacíficas y democráticas. Sin ellos y ellas no hubiera sido posible».

Por el fin de reinserción que dice tener nuestro sistema penitenciario, el alejamiento añade un mal a las penas provocando el desarraigo, algo que puede perjudicar a su reinserción. Además, restringe el derecho al respeto a la vida familiar, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues la familia es también responsabilizada de un delito que no ha cometido y frecuentemente es también víctima social de ese delito.

No obstante, es cierto que, mientras ETA existió, la dispersión de presos y presas estaba justificada por cuestiones de seguridad y alejamiento del grupo. Pero, como explica Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo publicado en El País, «dichas razones no concurren ahora y no veo que hayan sido sustituidas por otras. No desde luego por la de la preservación de la dignidad de las víctimas, por mucho que esta deba presidir nuestras decisiones públicas, pues no se alcanza a ver de qué modo afecta a tal dignidad la cercanía del encierro».

Igualmente, hace referencia al argumento de la falta de colaboración del preso en la aclaración de crímenes pendientes de su organización: «Esta razón no convence para restringir el mandato constitucional de resocialización. Por un lado, porque solo debería ser aplicada al preso que sabe y no dice, y no a todos los que pertenecieron a ETA. Por otro lado, porque nuestras reglas de justicia son otras: si se trata de un crimen en el que participó, el preso tiene derecho constitucional a no colaborar en su propia incriminación; en otro caso, si lo que hace es ayudar activamente ‘a los presuntos responsables a eludir la investigación’, estará cometiendo un delito de encubrimiento (artículo 451 del Código Penal) y merecerá la pena correspondiente, pero no la agravación de la que ya cumple en forma de alejamiento».

Añade además que en nuestras leyes penales y penitenciarias no se contempla la falta de colaboración como infracción, sino al revés, la colaboración se ve como un paso a la obtención de beneficios penitenciarios.

Los abusos policiales

Durante la lucha contra ETA hubo un aspecto que el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad deseaban ocultar: los abusos policiales. Nunca existe ninguna razón para que un gobierno se ponga al nivel de una banda terrorista porque acaba convirtiéndose en terrorismo de Estado, caracterizado siempre por la impunidad.

El Instituto Vasco de Criminología cifra en más de 3.000 las víctimas que entre 1960 y 2013 sufrieron tortura a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) ha condenado a España en diez ocasiones por no investigar de forma exhaustiva la tortura, un crimen de derecho internacional. La última llegó en enero de este año, cuando condenó al Estado a pagar 20.000 euros a un exmiembro de la organización Ekin al no existir «una investigación profunda y efectiva sobre las denuncias del demandante de que había sido maltratado durante su detención incomunicada». Además, el Tribunal aprovechó para recomendar a España el establecimiento de un «código de conducta claro» para interrogar a personas detenidas en régimen de incomunicación.

Durante años, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) alertaron sobre los casos de tortura y malos tratos en Euskadi. Incluso en 2018, cuando ETA anunció su disolución definitiva, siete años después de declarar su final, AI publicó su agenda de Derechos Humanos para el País Vasco. Entre los puntos más importantes, pedían «garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del Batallón Vasco Español. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer».

También pedían «asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista» y «garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente». Para este último punto, solicitaban una auditoría externa y la creación de mecanismos independientes. También añadían la necesidad de revisión de la legislación antiterrorista para «adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos» y, entre otras cosas, «poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas».