La plataforma vecinal Cornado Mina Non señala que la reapertura de la mina de Touro puede suponer una amenaza para sectores productivos básicos como el agroganadero o el turístico, y que la asociación instrumental de Cobre San Rafael ha puesto de ejemplo para el proyecto el plan extractivo «más contaminante de Asturias».

La mina de oro de El Valle-Boinás ha recibido duras sanciones el vertido de metales pesados y otras sustancias peligrosas a la cuenca del río Narcea / Creative Commons

Así, para la entidad «llama la atención» que la mina de oro de Belmonte de Miranda haya sido utilizada por la autodenominada «Asociación Plataforma de Trabajdores Mineros Tour-O Pino» para organizar una visita guiada a principios del verano con el objetivo de mostrar a sus «afiliados» un ejemplo de una explotación «comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente», llegando incluso a incluir imágenes en un vídeo promocional distribuido en redes sociales como herramienta de propaganda del plan extractivo de Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas.

De hecho, reflejan en un comunicado, el proyecto belmonteño de El Valle-Boinás, operada por Orovalle Minerals S.L. -filial de la canadiense Orvana Minerals Corp.- acumula sanciones ambientales por la grave contaminación causada en la cuenca del río Narcea, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a actuar en febrero de este año solicitando una multa de 20 millones de euros a la minera por los daños ocasionados al dominio público hidráulico, algo que ya había denunciado durante años la Coordinadora Ecoloxista de Asturias.

Para Cornado Mina Non «lo más sorprendente» es que este mismo proyecto minero «ya había sido sancionado de manera contundente» en el 2014 con 84.000 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), por el vertido de metales pesados y otros elementos peligrosos al río Cauxa, afluente del Narcea, pasando por encima de las autorizaciones ambientales, siendo nuevamente multada la minera ese mismo año con 242.920 euros por la CHC por nuevos vertidos en niveles peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, llegando las denuncias contra la compañía incluso al Parlamento Europeo.

LOS EXPEDIENTES NO DEJAN LUGAR A DUDAS

Cornado Mina Non ha podido acceder a los expedientes de la CHC en los que el organismo de aguas, textualmente, señala el grave incumplimiento que «de manera reiterada» está sucediendo en los límites de emisión de vertido impuestos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la explotación otorgada por el Principado de Asturias.

Los escritos del organismo de cuenca señalan que «la mayor parte de las sustancias que incumplen las condiciones de autorización son sustancias peligrosas» tales como arsénico, cobre, zinc, níquel, cianuros, fluoruros y mercurio» no alcanzando el río Cauxa «el buen estado ecológico» ya que «se detecta habitualmente la presencia de selenio en concentraciones que superan la norma de calidad ambiental», unas circunstancias que «ponen de manifesto que la citada autorización ambiental resulta susceptible de ser revocada teniendo en cuenta la naturaleza de su incumplimiento».

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA EN LA MINA DE «EJEMPLO» PARA TOURO

De las diligencias practicadas por la Fiscalía de Medio Ambiente asturiana, que se han dado a conocer este año, se ha sabido que el río Cauxa, tributario del Narcea, viene soportando a su paso por las instalaciones mineras la emisión de sustancias consideradas como peligrosas atribuibles a Kinbauri España S.L. -actualmente bajo la denominación de Orovalle Minerals S.L.- y que en algunos casos los niveles de elementos especialmente tóxicos como el selio y el arsénico sobrepasan cualquier nivel razonable suponiendo una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

Por este motivo, el Ministerio Fiscal ha solicitado a la miisma minera que a día de hoy Cobre San Rafael y su colectivo satélite ponen de ejemplo, una multa de 20 millones de euros por un delito continuado «contra los recursos naturales y el medio ambiente» solicitando asismismo una indemnización al Estado por los daños causados al dominio público hidráulico que supera los 5 millones de euros (5.158.548,88), así como el cierre de la operación minera por un período de hasta cinco años.

Para Cornado Mina Non «estas son las circunstancias en las que Cobre San Rafael y su asociación instrumental intentan vender el proyecto de reapertura de la mina de Touro» como «minería sostenible», amparándose en la «exitosa» evolución de los «trabajos» presentados por la mina de oro de Belmonte de Miranda.

Por otra parte, desde el colectivo, se indica que este tipo de actuaciones de la minera de Touro y sus seguidores «tampoco sorprende» cuando «esta condiciona la entrega de curriculums de los parados que a ella se presentan para inscribirlos en la citada asociación de trabajadores mineros», simulando así un apoyo social «basado en la mayoría de casos en la desesperación de alguna gente que por conseguir un puesto de trabajo olvida que las consecuencias para el futuro pueden ser tan perniciosas como las presentes», dado que la mina de Touro puede afectar a sectores productivos básicos como el agroganadero o el del turismo sostenible que son «en todos los casos incimpatibles con la elevada contaminación de ríos y acuíferos de toda la comarca provocada por la minería del cobre, la misma que ahora pretende disfrazarse de verde».

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