Mujeres por la abolición

la existencia del proxenetismo requiere que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas

 

La prostitución es una institución patriarcal, una práctica que vulnera los derechos humanos y que cosifica y mercantiliza el cuerpo de las mujeres. Llamarle “trabajo sexual” supone blanquear a través del lenguaje, una de las peores formas de violencia a la que podemos ser sometidas las mujeres. Y empiezo con esta apreciación porque difícilmente se pueden buscar soluciones jurídicas y sociales a esta realidad, si al abuso, a la explotación y a la opresión sexual de las mujeres le llamamos cínica y acríticamente, trabajo.

Indaguemos ahora sobre la regulación jurídica de esta práctica y cuál sería el marco jurídico idóneo para erradicarla. La prostitución no está regulada en España pero tampoco es ilegal, se encuentra en una situación de alegalidad, si bien no podemos hablar de alegalidad stricto sensu porque hay diferentes normas que tratan la materia, aunque de forma asistemática y sin el enfoque debido. En nuestro Código penal (artículo 187) está penado el proxenetismo, pero de forma ineficaz e insuficiente. Este artículo dispone lo siguiente: «El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”.

Como veis, para la existencia del proxenetismo se requiere que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas. Por tanto, se necesita probar la situación de vulnerabilidad, que la víctima no tenía otras alternativas posibles, lo cual hace depender la condena del testimonio de la víctima y, como afirma la fiscal Beatriz Sánchez, “estamos hablando de mujeres y niñas que tienen mucho miedo, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, así que no podemos depender de su declaración”. Si queremos perseguir eficazmente el proxenetismo, una de las primeras cosas que se debería hacer es eliminar estos requisitos del tipo delictivo, pues están impidiendo la persecución del delito y garantizando la impunidad de los proxenetas.

Además, existen otras modalidades de proxenetismo que no están tipificadas o que han sido eliminadas del Código penal. Es lo que sucede con la tercería locativa, que fue despenalizada en el Código penal de 1995 y que es la conducta de quien habilita espacios para la prostitución, siendo partícipe de los beneficios. Si España cuenta con más de 1500 prostíbulos es porque esta conducta ha sido eliminada del Código penal. Las supervivientes hablan de los prostíbulos y de los pisos donde son explotadas sexualmente como campos de concentración de mujeres. Convivir con estos espacios es una descarada burla a la igualdad entre mujeres y hombres que tanto pregonan los Gobiernos y una vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Estoy segura que en un futuro, espero que no muy lejano, la sociedad recordará con horror la existencia de los prostíbulos, esos espacios de tortura. Sea del signo político que fuere, si el Gobierno dice trabajar en favor de la igualdad y nuestro ordenamiento jurídico promulga entre sus valores y principios, la igualdad y la dignidad humana, tienen que luchar activamente por la eliminación de estos espacios. Basta introducir en el Código penal esta modalidad de proxenetismo, la tercería locativa, para empezar a cerrar prostíbulos. Nos preguntamos a qué esperan.

Si queremos penar a los proxenetas es necesario introducir en el Código penal todas las modalidades de proxenetismo, incluyendo el proxenetismo no coercitivo y no hacer depender el enjuiciamiento del delito de la declaración de víctimas que en ocasiones, ni se reconocen como tales por la manipulación y torturas psicológicas y físicas infligidas por los victimarios, es decir, por los proxenetas y puteros.

Desde sectores regulacionistas de la prostitución se culpa a la Ley de extranjería (LO 4/2000) de la existencia de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En algo podemos estar de acuerdo, y es que la Ley de extranjería deja en una situación de indefensión particularmente preocupante y grave a las mujeres migrantes víctimas de trata. La Ley de Extranjería debería ser derogada para redactar un nuevo texto que efectivamente, proteja a las víctimas de trata y garantice los derechos de todas las personas migrantes. Ahora bien, culpar a un instrumento jurídico de la existencia de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual obedece al intento de exculpar a los verdaderos responsables, esto es, a los proxenetas que venden a mujeres y niñas para su beneficio económico y a los puteros que las compran para su placer sexual, abusando y agrediendo sexualmente a estas mujeres y niñas con total impunidad. Que no nos confundan las alharacas regulacionistas. Hay que señalar a los puteros y proxenetas como lo que son: esclavistas, causantes primeros y directos de la trata. Para acabar pues con la trata, tenemos que acabar con las conductas que la promueven y favorecen, que no son otras que las llevadas a cabo por los proxenetas y puteros. Exigir su responsabilidad penal o administrativa (según los casos) es vital.

Necesitamos una legislación abolicionista que no diferencie prostitución de trata, porque la trata existe para nutrir de mujeres y niñas a la prostitución, porque no hay forma humana de satisfacer la ingente demanda sin miles de víctimas de trata. Ha de ser una legislación que conceptualice debidamente y que hable de sistema prostitucional, como conjunto de ideas y prácticas a erradicar por dañar a todas las mujeres.

La razón de ser de esta legislación abolicionista es la protección a las víctimas, el reconocimiento de sus derechos y la garantía efectiva de su cumplimiento. Debemos exigir desde el principio que esta legislación venga acompañada de suficiente dotación presupuestaria para que la asistencia a las víctimas sea integral. Las víctimas deben contar con permisos de residencia, no pueden enfrentarse a un proceso judicial o a su proceso de recuperación, con la amenaza de expulsión del territorio. Deben contar asimismo con asistencia psicológica, médica, educacional, laboral y solución habitacional. Lo contrario es expulsarlas de la sociedad y privarlas de nuevo, como antes hicieron proxenetas y puteros, de sus propias vidas.

Esta debe ser una legislación estatal que dé término a la disparidad de normas municipales, pues como consecuencia de la inexistencia de normativa estatal, tenemos diferentes ordenanzas que tratan la prostitución desde diferentes enfoques y que en muchas ocasiones, multa a la mujer prostituida con la revictimización y problema añadido que a su situación supone. Es necesario uniformar el criterio jurídico que ordena esta materia dándole el enfoque correcto, el abolicionista, pues es el único que respeta los derechos humanos.

Para recapitular y concluir, debemos introducir todas las formas de proxenetismo en el Código penal e instaurar una legislación abolicionista que descanse en dos pilares fundamentales: la protección y asistencia integral a las víctimas y el reproche penal a proxenetas y puteros.

Las feministas sabemos que para acabar con el sufrimiento padecido por miles de mujeres y niñas, hay que abolir la prostitución. Estamos ofreciendo alternativas a la esclavitud y les estamos diciendo cómo ponerlo en práctica. Si los gobernantes y legisladores quieren que el Estado social y democrático de Derecho al que tanto aluden sea cierto y real, tendrán que escucharnos y dejar de ser partícipes, por omisión e irresponsabilidad institucional, de esta lacra que mata en vida y esclaviza a tantas mujeres. Hasta entonces, no seremos ciudadanas ni sujetos de pleno derecho. Redacten e implementen una legislación abolicionista cuyo fin primero y último sea erradicar la prostitución. Empezarán de esta forma, a cumplir con algunos de sus mandatos constitucionales y con sus proclamas a favor de los derechos humanos. Como las sufragistas, queremos hechos, no palabras.

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