El Gobierno de Feijóo activa la maquinaria propagandística y envía a Angel Bernardo Tahoces a visitar las obras del parque eólico Neda, que la empresa Norvento está llevando a cabo entre los ayuntamientos lucenses de Abadín y A Pastoriza desde diciembre de 2018. Este parque se une al aluvión eólico que está sufriendo Galicia en los últimos años, siendo actualmente 18 los que se encuentran en fase de construcción.
Tahoces, actualmente imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente por las presuntas irregularidades de carácter ambiental cometidas en la mina de San Finx (Lousame, A Coruña), ha sido el encargado de salir al paso de las innumerables protestas sociales y políticas provocadas por la falta de control del actual Ejecutivo de la Xunta de Galicia sobre el sector eólico, defendiendo que “empresas como estas son las que hacen que Galicia exhiba posiciones líderes en los diferentes ámbitos energéticos” sin renunciar a las garantías “urbanísticas, técnicas y ambientales”.
La situación real en Galicia, sin embargo, dista bastante de la mostrada por el responsable de la Xunta, con una contestación social sin precedentes contra la imposición eólica del PP que abarca todo el territorio gallego en lugares como la Serra do Galiñeiro en Vigo, a la Costa da Morte coruñesa, la Comarca de Ordes o la montaña de Lugo. Precisamente el lunes fue el diputado Antón Sánchez, quien desde el Grupo Parlamentario de En Marea presentó una iniciativa para la elaboración de un nuevo plan sectorial eólico centrado en defensa de la población rural y contra el negocio favorecido por el PP gallego a las grandes empresas. “Donde deberíamos de tener un recurso para generar rentas a los habitantes del rural, lo que tenemos es un negocio a espaldas de nuestra gente” -denunció-.
Para el viceportavoz de la formación y portavoz nacional de Anova, la población gallega está asistiendo acutalmente a una oleada de proyectos de parques eólicos que mayoritariamente está en manos de grandes empresas, que “con una legislación hecha a medida” por el Partido Popular, “se lanzan al suculento negocio del viento”.
Según alertó el diputado en su propuesta, esta situación se produce en un marco normativo “que prima la propiedad de las grandes empresas” y “la implantación masiva de parques eólicos con unos criterios laxos a nivel paisajístico y ambiental, y en el que no se apuesta por la democratización de la energía“.
De hecho, para Sánchez, las políticas de la Xunta de Galicia de colaboración activa con los grandes capitales permiten que se pase por encima de los derechos de la ciudadanía, actuando el Gobierno gallego como principal obstáculo para la información y participación de las personas y colectivos que se defienden de las agresiones ambientales, económicas y paisajísticas que suponen en muchos casos estos parques eólicos” frente al establecimento de fórmulas cooperativas más respetuosas con el medio ambiente y las personas como llevan a cabo países como Dinamarca y Alemania para adaptarse a las directrices europeas.
